Salud y pensiones en 2026: quiénes seguirán pagando hasta el 12 % de su mesada en Colombia
En el sistema de seguridad social colombiano, pocos temas generan tanta sensibilidad como los descuentos que mes a mes se aplican a las pensiones para financiar el servicio de salud. Para miles de jubilados, este aporte no es un simple trámite administrativo, sino una variable que incide directamente en su capacidad de cubrir gastos básicos, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida y la pérdida progresiva del poder adquisitivo.
La diferencia entre un trabajador activo y un pensionado es clave para entender el debate. Mientras una persona vinculada laboralmente comparte el aporte a salud con su empleador —4 % a cargo del trabajador y 8,5 % asumido por la empresa—, al momento del retiro el pensionado pasa a asumir la totalidad del descuento que le corresponde según su nivel de ingresos. Este cambio, establecido por la ley, convierte a la jubilación en una etapa donde, paradójicamente, el ingreso es menor, pero la responsabilidad sobre el aporte es mayor.
Durante años, el esquema fue uniforme: todos los pensionados pagaban el 12 % de su mesada para salud, sin distinción de monto. Sin embargo, la presión social y las discusiones legislativas derivaron en ajustes progresivos. A través de reformas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y otras disposiciones, el Estado introdujo una reducción para quienes reciben las pensiones más bajas, con el argumento de proteger a los adultos mayores en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.
No obstante, el inicio de 2026 confirma que ese alivio no es generalizado. Con el reajuste del salario mínimo, fijado en $1.750.905, y el incremento del 5,10 % por IPC para las pensiones superiores al mínimo, se actualizaron los rangos que determinan cuánto debe aportar cada jubilado al sistema de salud. La normativa vigente mantiene el beneficio del 4 % para quienes reciben una mesada equivalente a un salario mínimo y del 10 % para quienes devengan entre uno y tres salarios mínimos.
El punto más sensible recae en los pensionados con ingresos más altos. Aquellos que superan los tres salarios mínimos continúan sujetos al descuento máximo del 12 %, una tarifa que, aunque legal, sigue siendo objeto de cuestionamientos. Para este grupo, el argumento oficial es la solidaridad del sistema: quienes más ingresos tienen deben aportar más para garantizar la sostenibilidad financiera de la salud pública. Sin embargo, desde la perspectiva de los pensionados, el descuento se percibe como una carga que no siempre se traduce en una atención oportuna y de calidad.
El debate se intensifica si se tiene en cuenta que muchos jubilados, incluso con pensiones superiores a tres salarios mínimos, enfrentan gastos elevados en medicamentos, tratamientos especializados y enfermedades crónicas asociadas a la edad. En estos casos, el descuento del 12 % no solo reduce el ingreso disponible, sino que se suma a otros costos que el sistema no siempre cubre de manera integral.
Así, 2026 arranca con un esquema mixto: avances parciales para los pensionados de menores ingresos y una carga que se mantiene intacta para quienes superan ciertos umbrales. La discusión de fondo sigue abierta: cómo equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema de salud con la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes, tras décadas de trabajo, dependen exclusivamente de su pensión. En un país que envejece rápidamente, el debate sobre los descuentos a las mesadas no es solo fiscal, sino profundamente social.
#CANAL CORDOBA
