Petro advierte impacto fiscal si la Corte suspende el Estado de Emergencia Económica
La controversia alrededor del Estado de Emergencia Económica y Social decretado por el Gobierno nacional entró en una nueva fase tras la reacción pública del presidente de la República frente a la solicitud presentada por el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, quien pidió suspender de manera provisional los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. El pronunciamiento del jefe de Estado, difundido a través de su cuenta en la red social X, elevó el tono del debate y puso sobre la mesa las posibles repercusiones financieras y políticas de una eventual decisión del alto tribunal.
Según el presidente, la suspensión del decreto no sería un hecho neutro desde el punto de vista económico. Por el contrario, advirtió que podría desencadenar un aumento “puramente especulativo” en el costo de la deuda pública, afectando la estabilidad fiscal del país y beneficiando, en su criterio, a sectores privilegiados del sistema financiero. En su mensaje, el mandatario insistió en que la apuesta del Gobierno sigue siendo una política económica centrada en el trabajo, la producción y la defensa de la vida, en contraposición a lo que considera dinámicas especulativas que encarecen el endeudamiento del Estado.
Desde el Ejecutivo se ha defendido que el Estado de Emergencia es una herramienta necesaria para enfrentar el desbalance fiscal que dejó el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. El Ministerio de Hacienda ha explicado que las medidas adoptadas bajo este marco excepcional permitirían un recaudo estimado de 11,1 billones de pesos, recursos clave para garantizar el funcionamiento del Estado, cumplir compromisos presupuestales y evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
La postura presidencial fue más allá de una advertencia económica. En un segundo mensaje, el mandatario afirmó que, de prosperar la suspensión del decreto, el magistrado Camargo asumiría una corresponsabilidad política frente a una eventual crisis fiscal, al considerar que existen alternativas para evitarla mediante decisiones de fondo. Entre ellas, el presidente volvió a plantear que los sectores de mayores ingresos devuelvan parte de los subsidios que, según su visión, recibieron en el pasado, especialmente aquellos asociados al subsidio a la gasolina y a políticas monetarias que incrementaron el costo de la deuda y favorecieron a los más ricos.
El debate también tocó uno de los puntos más sensibles de la política económica actual: las tasas de interés. El presidente cuestionó el aumento de las tasas reales, al señalar que estas terminan incrementando el costo de la deuda pública a través de mecanismos especulativos, en lugar de contribuir a un crecimiento económico sostenible. Frente a ello, defendió una estrategia basada en el fortalecimiento de la producción nacional, el empleo y la demanda interna como vía para cumplir las obligaciones financieras del país sin recurrir a mayores cargas para los sectores más vulnerables.
En el trasfondo de esta discusión se encuentra una tensión recurrente entre el Ejecutivo y los órganos de control constitucional, especialmente cuando se trata de medidas excepcionales adoptadas en contextos de urgencia fiscal. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de actuar con rapidez para evitar un mayor deterioro económico, sectores críticos advierten sobre los riesgos de concentrar facultades extraordinarias y de desbordar los límites constitucionales.
La decisión que adopte la Corte Constitucional será clave no solo para definir el futuro del Decreto 1390, sino también para marcar el rumbo del debate fiscal y político en los próximos meses. En un escenario de alta polarización y con presiones crecientes sobre las finanzas públicas, el pulso entre el Gobierno y el alto tribunal se perfila como un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo enfrentar la crisis fiscal sin sacrificar la estabilidad institucional del país.
#CANAL CORDOBA
