Censo casa a casa en Montería: la apuesta por la transparencia en medio de la emergencia
En medio de la emergencia invernal que golpea a Montería, la administración municipal anunció una medida que va más allá de la logística humanitaria: un censo casa a casa en 28 barrios priorizados para depurar el registro de damnificados y garantizar que la ayuda llegue exclusivamente a quienes realmente resultaron afectados. La decisión, adoptada en una reunión en el Centro Verde con participación de la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Policía Nacional y las Juntas de Acción Comunal (JAC), introduce un elemento clave en contextos de crisis: el control riguroso de la información.
La alerta surgió desde las propias JAC, cuyos representantes manifestaron preocupación por casos de personas que estarían intentando registrarse sin cumplir los requisitos establecidos. Según lo expuesto, algunas no resultaron afectadas directamente por la emergencia y otras ni siquiera residen en los barrios habilitados para el proceso. Este tipo de situaciones, aunque puedan parecer aisladas, tienen un impacto profundo en la legitimidad del sistema de ayudas y en la percepción ciudadana sobre la equidad del Estado.
La determinación de realizar un censo casa por casa, iniciando en los sectores que ya se encuentran secos, responde a una lógica técnica y social. Técnica, porque permite verificar en territorio las condiciones reales de afectación; social, porque envía un mensaje claro: la solidaridad no puede ser aprovechada como oportunidad para el fraude. En escenarios de desastre, la presión por acceder a subsidios, mercados o apoyos económicos puede generar distorsiones si no existe un filtro sólido de verificación.
El recorrido técnico y social anunciado para barrios como La Palma I, La Palma II, Rancho Grande, Los Colores, Altos de Caracolí, Caracolí y Las Navarras será determinante para establecer el orden y las fechas oficiales del censo. Más allá de la programación operativa, lo relevante es que la administración municipal se compromete a publicar la información por canales institucionales, reforzando el principio de publicidad y transparencia en la gestión pública.
El reto no es menor. En emergencias de esta magnitud, donde miles de personas han visto afectadas sus viviendas y medios de subsistencia, cualquier error en la focalización puede traducirse en tensiones comunitarias. Si una familia que perdió enseres o techo percibe que otra, no afectada, recibe los mismos beneficios, la confianza en la institucionalidad se erosiona. Por eso, la advertencia sobre posibles acciones legales frente a intentos de suplantación o fraude no es un simple formalismo: es una medida disuasiva necesaria para proteger la credibilidad del proceso.
Sin embargo, el éxito del censo dependerá no solo de la presencia institucional, sino también de la corresponsabilidad ciudadana. La administración hizo un llamado a la honestidad y la solidaridad, recordando que la transparencia es la base para que la ayuda humanitaria cumpla su propósito. En este punto, la comunidad juega un papel determinante: denunciar irregularidades y abstenerse de prácticas indebidas es tan importante como la acción de las autoridades.
Desde una perspectiva periodística, la decisión refleja un equilibrio entre urgencia y control. La emergencia exige rapidez en la entrega de ayudas, pero la rapidez sin verificación puede derivar en inequidad. El censo casa a casa busca precisamente cerrar esa brecha: avanzar con celeridad, pero con rigor.
Montería enfrenta no solo el desafío de mitigar los efectos de la temporada invernal, sino también el de sostener la confianza pública en medio de la adversidad. La implementación efectiva de este censo será una prueba de gestión y transparencia. Si se ejecuta con claridad, participación y vigilancia, no solo permitirá una distribución justa de la ayuda, sino que fortalecerá la legitimidad institucional en uno de los momentos más sensibles para la ciudad.
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