Emergencia climática y giro económico: el Gobierno apuesta por el intervencionismo para contener la crisis
En medio de la emergencia económica declarada por la crisis climática, el presidente Gustavo Petro anunció un paquete de medidas que marca un punto de inflexión en la política productiva y financiera del país. Desde la posibilidad de prohibir la exportación de carne hasta la imposición de decretos de inversión forzosa y un nuevo impuesto al patrimonio empresarial, el Ejecutivo plantea una estrategia de intervención directa en los mercados para contener el impacto inflacionario y garantizar el abastecimiento interno.
La propuesta más polémica es, sin duda, la evaluación de restringir la exportación de carne con el argumento de que el alza de precios en el mercado nacional está creciendo al doble de la inflación general, impulsada por la demanda internacional. “En época de emergencia no se puede exportar carne, necesitamos la carne en Colombia”, afirmó el mandatario durante el Consejo de Ministros. La lógica es clara: en un escenario de crisis climática y encarecimiento de alimentos, la prioridad debe ser la seguridad alimentaria interna.
Sin embargo, la medida abre un debate complejo. Colombia ha consolidado en los últimos años mercados externos para su carne, lo que ha significado divisas, crecimiento del sector ganadero y generación de empleo rural. Una eventual prohibición podría aliviar temporalmente los precios internos, pero también afectaría la confianza de compradores internacionales y la estabilidad de un sector que depende de la previsibilidad comercial. El desafío radica en equilibrar la protección del consumidor con la sostenibilidad exportadora.
El plan de choque incluye además incentivos a la producción de alimentos como yuca, tomate y leche en zonas no afectadas por las inundaciones, junto con créditos a tasa del 0 % para productores habilitados. Esta línea de acción busca compensar la pérdida de oferta agrícola en regiones impactadas por las lluvias y dinamizar la economía rural. Desde el punto de vista económico, el crédito subsidiado puede convertirse en un motor de reactivación si se ejecuta con focalización adecuada y control fiscal riguroso.
En paralelo, el presidente anunció que expedirá decretos de inversión forzosa tras cuestionar el cumplimiento del llamado “Pacto por el Crédito” de 2024. Según el Gobierno, los 250 billones de pesos comprometidos no se dirigieron de manera suficiente a sectores productivos estratégicos. La medida apunta a redirigir capital hacia vivienda, agricultura y turismo, bajo la premisa de que el sistema financiero ha privilegiado el consumo sobre la producción.
Este componente introduce un elemento estructural en la discusión: el papel del Estado frente al sistema financiero en momentos de emergencia. La inversión forzosa no es una figura nueva en la historia económica del país, pero su aplicación en el contexto actual podría generar tensiones con la banca y con inversionistas que interpretan estas decisiones como señales de mayor intervención estatal.
A ello se suma el proyecto de decreto impulsado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que propone un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a las 15.000 empresas más grandes del país. La iniciativa busca corregir lo que el Ejecutivo considera una regresividad tributaria, elevando la tasa efectiva de sectores rentísticos como la banca del 21,3 % al 28 %. El mensaje político es evidente: en tiempos de crisis, quienes tienen mayor capacidad contributiva deben asumir un esfuerzo adicional.
El paquete completo revela una estrategia coherente desde la óptica del Gobierno: priorizar el abastecimiento interno, fortalecer la producción nacional y redistribuir cargas fiscales hacia los actores económicos de mayor tamaño. No obstante, la efectividad de estas medidas dependerá de su diseño técnico y de su capacidad para evitar efectos secundarios no deseados, como desincentivos a la inversión o distorsiones en los mercados.
La emergencia climática ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la fragilidad de la seguridad alimentaria. Frente a ese panorama, el Ejecutivo opta por un enfoque de intervención activa. El debate que se abre no es menor: ¿hasta qué punto debe el Estado intervenir para corregir fallas de mercado en un contexto extraordinario? ¿Y cómo garantizar que las medidas transitorias no se conviertan en señales permanentes de incertidumbre económica?
El país entra así en una fase decisiva. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas no solo buscarán contener la inflación y asegurar alimentos en el corto plazo, sino que también configurarán el marco de relación entre el Estado, el sector productivo y el sistema financiero en los años venideros. En tiempos de emergencia, la línea entre protección y sobreintervención es delgada. La clave estará en encontrar el equilibrio.
#CANAL CORDOBA
