Inclusión en acción: Policía y academia articulan esfuerzos por la comunidad con discapacidad auditiva en Montería
En un contexto donde la inclusión suele quedarse en el discurso, la reciente jornada liderada por la Policía Nacional de Colombia y la Universidad del Sinú en Montería representa un esfuerzo concreto por traducir los principios de derechos humanos en acciones verificables. La iniciativa, dirigida a personas con discapacidad auditiva, no solo buscó brindar ayuda humanitaria, sino también fortalecer el acompañamiento institucional y la orientación jurídica para una población históricamente invisibilizada.
La actividad fue liderada por la Patrulla Púrpura en articulación con el Consultorio Jurídico de la universidad, un modelo de cooperación que combina presencia institucional en territorio con respaldo académico. Este tipo de alianzas evidencian que la inclusión social no depende exclusivamente de políticas públicas de gran escala, sino también de intervenciones locales bien coordinadas que respondan a necesidades específicas.
Durante la jornada, los uniformados promovieron espacios de cercanía, orientación y prevención, además de socializar rutas de atención disponibles para personas con discapacidad auditiva. Más allá de la entrega de apoyos, el componente informativo resulta determinante: conocer los canales institucionales, las instancias de denuncia y los mecanismos de protección puede marcar la diferencia en la garantía efectiva de derechos.
La subteniente Andrea Ibañez, jefe del grupo de Policía Comunitaria, subrayó la importancia de estar cerca de quienes más lo necesitan. Su afirmación resume un enfoque que, aunque parece elemental, no siempre se concreta en la práctica. La proximidad institucional es un factor clave para construir confianza, especialmente en comunidades que enfrentan barreras de comunicación y acceso a servicios.
Desde una perspectiva periodística, la jornada tiene una doble lectura. Por un lado, confirma que la fuerza pública está ampliando su rol hacia escenarios de acompañamiento social y prevención, superando la visión exclusivamente reactiva o coercitiva. Por otro, evidencia el papel que pueden desempeñar las universidades en la extensión social del conocimiento, llevando asesoría jurídica y apoyo técnico a sectores vulnerables.
Sin embargo, el desafío no termina en una actividad puntual. La inclusión real exige continuidad, seguimiento y evaluación de impacto. Las personas con discapacidad auditiva enfrentan obstáculos estructurales en educación, empleo y acceso a la justicia. Si bien estas jornadas fortalecen la visibilidad y el respaldo inmediato, la transformación profunda requiere políticas sostenidas, capacitación en lenguaje de señas para funcionarios públicos y adaptación de canales de comunicación institucional.
La articulación entre Policía y academia abre una ruta interesante para replicar en otros municipios: combinar presencia territorial, asesoría jurídica y enfoque diferencial. En una ciudad como Montería, donde persisten brechas sociales significativas, estas acciones contribuyen a consolidar una narrativa distinta sobre el papel de las instituciones en la protección de derechos.
En definitiva, la jornada solidaria no debe verse únicamente como un evento asistencial, sino como un recordatorio de que la inclusión es un proceso activo. Cuando las instituciones se acercan, escuchan y adaptan su intervención a las realidades de cada comunidad, se avanza en la construcción de una ciudad más equitativa. El reto ahora es convertir estas iniciativas en una política permanente que garantice que la discapacidad no sea sinónimo de exclusión.
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