Bombardeo en Ituango golpea al frente 18 de las disidencias y reabre el debate sobre la ofensiva militar contra grupos armados
Una nueva ofensiva militar en el norte de Antioquia vuelve a poner en el centro del debate la estrategia de seguridad frente a las disidencias de las Farc. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional desarrollaron una operación contra el frente 18 de esta estructura ilegal en zona rural del municipio de Ituango, un territorio históricamente marcado por la presencia de grupos armados y por la disputa por el control de corredores estratégicos.
El operativo, que habría incluido bombardeos contra campamentos del grupo insurgente, fue adelantado por unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en medio de enfrentamientos con integrantes de la organización armada. Aunque las autoridades continúan verificando el balance final de la operación, las primeras informaciones indican que varios miembros de la estructura habrían sido abatidos durante los combates.
La acción militar estaría dirigida contra una estructura que opera bajo la influencia de alias “Calarcá”, uno de los mandos de las disidencias de las Farc que continúan activos en distintas regiones del país. Según las autoridades regionales, el frente 18 mantiene presencia en el norte antioqueño y ha sido señalado de participar en actividades ilegales como extorsión, control territorial y presión armada sobre comunidades rurales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que en medio de los enfrentamientos podrían haberse registrado bajas dentro de la organización ilegal. De acuerdo con el mandatario, el grupo estaría bajo la coordinación de alias “Ramiro”, un presunto cabecilla que anteriormente habría sido capturado cuando se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección junto a alias “Calarcá”, pero que posteriormente quedó en libertad por decisión judicial.
Según Rendón, este hombre estaría actualmente bajo las órdenes de alias “Iván Mordisco”, considerado uno de los principales líderes de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Estas estructuras continúan operando en diferentes regiones del país y han mantenido una confrontación permanente con la Fuerza Pública.
La operación militar en Ituango cobra especial relevancia porque podría tratarse del primer bombardeo dirigido contra este grupo armado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La actual administración ha promovido la política de “paz total”, una estrategia que busca establecer diálogos con diferentes actores armados con el objetivo de reducir la violencia en el país.
Sin embargo, los hechos recientes evidencian que, pese a los intentos de negociación, las autoridades mantienen operaciones ofensivas contra las estructuras que continúan desarrollando actividades criminales o que no participan en procesos de diálogo. Este equilibrio entre negociación y acción militar ha sido uno de los principales retos de la política de seguridad del actual gobierno.
Durante el desarrollo del operativo también surgieron denuncias sobre posibles intentos de obstrucción a las labores de las autoridades. El gobernador Rendón aseguró que algunos supuestos líderes comunales habrían intentado impedir el trabajo del Ejército y de la Policía Judicial en la zona, por lo que solicitó a la Fiscalía adelantar investigaciones para determinar si existieron conductas que pudieran constituir delitos.
La región de Ituango ha sido históricamente uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Su geografía montañosa y su ubicación estratégica han facilitado durante décadas la presencia de distintos grupos armados ilegales, desde antiguas estructuras guerrilleras hasta organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas.
En los últimos meses, la situación de seguridad en esta zona ha generado nuevas preocupaciones. De hecho, recientemente fue cancelado un evento que tenían previsto realizar el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Rendón en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, ante los riesgos asociados a la presencia de grupos armados en el área.
No obstante, el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, aclaró posteriormente que, aunque en la región operan organizaciones con capacidad para ejecutar acciones violentas, en ese momento no existía un reporte oficial de amenazas directas contra los mandatarios regionales.
Más allá del balance militar inmediato, la operación en Ituango refleja la complejidad del escenario de seguridad que enfrenta Colombia. Mientras el gobierno impulsa procesos de diálogo con distintos actores armados, las fuerzas militares continúan desarrollando operaciones para debilitar a las estructuras que persisten en la ilegalidad.
El resultado de estas acciones será determinante para definir el rumbo de la política de seguridad en los próximos años. En regiones como el norte de Antioquia, donde la presencia del Estado ha sido históricamente frágil, cada operación militar, cada intento de negociación y cada decisión judicial tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades que siguen viviendo en medio de las dinámicas del conflicto.
#CANAL CORDOBA
