Congreso 2026–2030 inicia con baja representación femenina y reabre debate sobre paridad política en Colombia
El nuevo Congreso de la República de Colombia que asumirá funciones para el periodo 2026–2030 comenzará su trabajo legislativo con una representación femenina que continúa lejos de los estándares de paridad promovidos a nivel internacional. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo de Colombia tras analizar los resultados preliminares de las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo.
De acuerdo con el balance presentado por el organismo, las mujeres ocuparán aproximadamente el 29 % de las curules del nuevo Congreso, un porcentaje que prácticamente no presenta variaciones frente al registrado en el periodo legislativo que está por concluir. Para la entidad, esta cifra evidencia que los avances en materia de participación política femenina siguen siendo limitados, pese a los esfuerzos institucionales y normativos para promover una mayor inclusión en los espacios de poder.
El análisis detallado muestra que en el Senado de la República de Colombia 32 de las 102 curules quedarían en manos de mujeres, lo que representa cerca del 31,4 % del total de integrantes de esta corporación. Aunque esta cifra mantiene una presencia femenina relativamente estable, continúa lejos del objetivo de alcanzar una participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones legislativas.
En el caso de la Cámara de Representantes de Colombia, la situación presenta un leve retroceso. Según los datos preliminares, 50 de las 181 curules fueron obtenidas por mujeres, lo que equivale al 27,6 % de la corporación. Este resultado representa cuatro escaños menos en comparación con el periodo anterior, un indicador que para analistas y organizaciones sociales refleja las dificultades persistentes para consolidar una mayor presencia femenina en la política nacional.
La preocupación de la Defensoría no se limita únicamente al número total de mujeres elegidas. El informe también advierte sobre una reducción en la representación de mujeres pertenecientes a comunidades étnicas. Mientras en el Congreso saliente siete mujeres de estos pueblos ocupaban una curul, en el nuevo legislativo la cifra se reduciría a cuatro representantes, entre ellas algunas elegidas a través de circunscripciones especiales.
Este dato revela una doble brecha de participación: la que enfrentan las mujeres en general dentro de la política colombiana y la que afecta particularmente a aquellas que pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes o raizales.
La entidad también expresó inquietudes frente a la representación de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas dentro del nuevo Congreso. Aunque el número de candidaturas provenientes de estos sectores aumentó en comparación con elecciones anteriores, los resultados preliminares indican que solo dos personas habrían logrado obtener una curul, ambas en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá.
Para la Defensoría, estas cifras reflejan que el país aún se encuentra lejos de cumplir los estándares internacionales que promueven la paridad política del 50 %, considerada por diversos organismos internacionales como un objetivo fundamental para fortalecer la democracia y garantizar una representación equilibrada de la sociedad.
El debate sobre la participación de las mujeres en la política colombiana ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente después de la implementación de normas como las cuotas de género en las listas electorales. Sin embargo, expertos coinciden en que estas medidas, aunque importantes, no han sido suficientes para transformar de manera estructural la composición del poder legislativo.
Entre los factores que explican esta situación se encuentran barreras culturales, desigualdades en el acceso a financiamiento de campañas, menor visibilidad mediática y dinámicas internas de los partidos políticos que continúan favoreciendo mayoritariamente a candidaturas masculinas.
La discusión cobra especial importancia si se tiene en cuenta que el Congreso es uno de los principales escenarios donde se diseñan las políticas públicas que impactan directamente a la población. Una representación más equilibrada, señalan especialistas, permitiría incorporar perspectivas diversas en la formulación de leyes relacionadas con igualdad de género, derechos sociales, desarrollo territorial y participación ciudadana.
Mientras se oficializan los resultados definitivos de las elecciones legislativas, el llamado de la Defensoría apunta a abrir una reflexión más amplia sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen una participación política más incluyente.
El inicio del nuevo periodo legislativo no solo marcará la agenda política del país en los próximos cuatro años, sino que también servirá como termómetro para evaluar hasta qué punto Colombia avanza hacia una democracia más representativa, en la que mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad en la construcción de las decisiones que orientan el futuro nacional.
#CANAL CORDOBA
