Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Córdoba, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó este lunes 26 de octubre la medida que blindaba más de 667 mil hectáreas en el departamento.
El anuncio fue confirmado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, desde Fredonia (Antioquia), en el marco de una serie de desmontes a estas figuras de ordenamiento rural a nivel nacional.
La decisión tiene un fuerte valor simbólico y político para Tierralta. En abril de 2026, la entonces ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, encabezó en este municipio del Alto Sinú una multitudinaria asamblea campesina para presentar la resolución bajo la administración del expresidente Gustavo Petro. En ese momento, Tierralta se perfiló como el corazón de la apuesta gubernamental por la soberanía alimentaria y la protección estricta del suelo frente a actividades extractivas y monocultivos a gran escala.
El giro de política en el territorio cordobés
Con el nuevo acto administrativo, el Gobierno De la Espriella retira la protección especial que abarcaba el 45,87 % de la superficie de 17 municipios cordobeses: Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos y San Pelayo.
Entre las zonas más afectadas por la extensión territorial se encuentran la capital departamental, Montería (182.482 hectáreas), Ayapel (53.634 ha), Lorica (53.070 ha), Montelíbano (51.843 ha) y Planeta Rica (45.348 ha).
De acuerdo con la cartera agropecuaria, la revocatoria responde a una revisión técnica que halló deficiencias de fondo en el diseño de las áreas. El Ministerio argumentó fallas en la delimitación cartográfica, imposibilidad de reproducir los modelos técnicos empleados y desfases frente a los instrumentos de ordenamiento territorial municipal vigentes. Asimismo, se señalaron inconsistencias en la compatibilidad con proyectos de minería, hidrocarburos y energía, sumadas a dudas sobre la verdadera aptitud productiva de los suelos delimitados.
Aunque Tierralta no integraba formalmente la lista de los 17 municipios con hectáreas asignadas bajo la resolución derogada, el municipio fue la tribuna política donde las organizaciones rurales y campesinas del sur de Córdoba y del Alto Sinú respaldaron el modelo agrario de la administración anterior.
Líderes locales observan ahora con cautela el rumbo del ordenamiento rural en el departamento. Mientras sectores agroindustriales y gremios productivos venían señalando rigideces en las APPA para el desarrollo de proyectos de gran envergadura, comunidades agrarias expresan preocupación por el futuro del blindaje sobre la frontera agrícola.
El Ministerio de Agricultura precisó que mantiene la potestad legal de declarar futuras áreas de protección en el territorio, siempre y cuando se sustenten en estudios técnicos y jurídicos concluyentes.
