Bloqueos viales y crisis silenciosa: el costo oculto que amenaza la seguridad alimentaria en Colombia

Los bloqueos viales han dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un fenómeno recurrente que impacta de manera directa la estabilidad económica y social del país. En las últimas horas, el registro de al menos 16 cierres en corredores estratégicos no solo evidencia un descontento social creciente, sino también una preocupante fragilidad en la capacidad del Estado para garantizar la movilidad y el funcionamiento de sectores esenciales.

El caso del sector avícola resulta particularmente ilustrativo. La advertencia de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) sobre la afectación a más de 57 millones de aves no es un dato menor. Se trata de una cifra que refleja la magnitud de una crisis que, aunque se desarrolla en las carreteras, tiene consecuencias directas en la mesa de los colombianos. La imposibilidad de transportar alimento hacia las granjas o de movilizar aves listas para su procesamiento pone en riesgo la cadena de abastecimiento de una de las principales fuentes de proteína del país.

Lo que está en juego no es únicamente la rentabilidad de un sector productivo. Es, en esencia, la seguridad alimentaria nacional. Cada hora de bloqueo representa pérdidas económicas, deterioro en las condiciones de los animales y, eventualmente, un incremento en los precios para el consumidor final. En un contexto de inflación persistente, estos factores agravan aún más el costo de vida, golpeando con mayor fuerza a los hogares más vulnerables.

Las protestas que han derivado en estos bloqueos tienen un origen claro: el rechazo al incremento del impuesto predial y al avalúo catastral. Se trata de una discusión legítima en una democracia, donde los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse frente a decisiones que consideran injustas. Sin embargo, la forma en que se ejerce ese derecho plantea serias interrogantes sobre sus límites y sus consecuencias.

El cierre de vías estratégicas, como las que conectan Bogotá con municipios aledaños o los corredores que enlazan Santander con el resto del país, no solo afecta a los transportadores y productores. También compromete la logística nacional, interrumpe cadenas de suministro y genera un efecto dominó que impacta múltiples sectores. La carta enviada por Fedetranscarga al Ministerio del Interior no es más que otro síntoma de una preocupación que se extiende más allá del gremio avícola: la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas para el transporte de mercancías.

Este escenario pone en evidencia una tensión cada vez más marcada entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad. Si bien ambos son fundamentales en un Estado de derecho, el desafío radica en encontrar un equilibrio que no sacrifique el bienestar colectivo. Permitir bloqueos prolongados en arterias clave del país implica, en la práctica, trasladar el costo de la protesta a millones de ciudadanos que no participan en ella.

Más preocupante aún es la normalización de estas prácticas. Cada nuevo bloqueo que se registra sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades envía un mensaje de permisividad que incentiva su repetición. La ausencia de soluciones oportunas no solo profundiza el conflicto, sino que erosiona la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la convivencia.

La situación actual exige una respuesta integral. Por un lado, el Gobierno debe abrir canales de diálogo efectivos que permitan atender las demandas ciudadanas sin recurrir a las vías de hecho. Por otro, es indispensable fortalecer los mecanismos que aseguren la movilidad en corredores estratégicos, especialmente aquellos que sostienen el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales.

El país se enfrenta, una vez más, a una disyuntiva compleja. Ignorar el malestar social no es una opción, pero permitir que este se traduzca en bloqueos indefinidos tampoco lo es. La solución no pasa por la confrontación, sino por la construcción de consensos que garanticen tanto el derecho a la protesta como la continuidad de la vida económica.

En medio de esta coyuntura, lo que está en juego es mucho más que el tránsito en las carreteras. Es la capacidad de Colombia para gestionar sus conflictos sin poner en riesgo su estabilidad. Porque, al final, cada vía bloqueada no solo detiene vehículos: detiene también la confianza, la producción y, en última instancia, el bienestar de todo un país.

#CANAL CORDOBA