La pauta bajo la lupa: la investigación a Caracol y RCN reabre el debate sobre competencia y pluralidad en la televisión colombiana
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de abrir una investigación contra Caracol Televisión y RCN Televisión por presuntas prácticas que afectarían la libre competencia en la pauta publicitaria marca un punto de inflexión en el ecosistema mediático colombiano. No se trata de un trámite administrativo más, sino de un proceso que toca fibras sensibles de un sector históricamente concentrado y cuya influencia trasciende lo económico para instalarse en el terreno de lo informativo, lo cultural y lo democrático.
El centro de la investigación apunta a posibles estrategias comerciales que, de confirmarse, habrían condicionado la inversión publicitaria de anunciantes y agencias, limitando su libertad de negociación y reduciendo el margen de acción de otros canales y operadores. En un mercado donde la publicidad es la principal fuente de ingresos para la televisión abierta, cualquier distorsión en su distribución tiene efectos directos sobre la sostenibilidad de los medios y sobre la diversidad de contenidos disponibles para la audiencia.
Desde una perspectiva periodística, el caso obliga a mirar más allá de los nombres propios. Caracol y RCN no son solo empresas privadas; son actores dominantes en la construcción de audiencias, en la agenda pública y en la definición de tendencias culturales. Su peso en el mercado publicitario les otorga una posición privilegiada que, si no es equilibrada por reglas claras y competencia real, puede derivar en un escenario de concentración que limite la pluralidad mediática.
El trasfondo de esta investigación conecta con reclamos históricos de otros operadores, como Canal 1, que han advertido sobre barreras de entrada y condiciones desiguales en la comercialización de pauta. En ese sentido, la actuación de la SIC no surge en el vacío, sino en un contexto de tensiones acumuladas entre un duopolio televisivo y actores que buscan competir en un terreno que consideran inclinado. La pregunta clave es si el mercado ha funcionado bajo reglas justas o si se han normalizado prácticas que favorecen a los más fuertes.
No obstante, también es necesario subrayar que la apertura de una investigación no equivale a una condena. El debido proceso es un pilar fundamental del Estado de derecho y las empresas investigadas tienen la posibilidad de presentar descargos, pruebas y argumentos en su defensa. El rigor periodístico exige reconocer esa presunción de legalidad mientras el proceso avanza. Pero reconocerlo no implica restarle importancia al debate de fondo que el caso plantea.
Y ese debate es profundo. La concentración de la pauta publicitaria no solo afecta a los canales competidores; impacta directamente la diversidad informativa y cultural del país. Cuando los recursos se concentran en pocos actores, se reducen las posibilidades de que nuevas propuestas narrativas, regionales o independientes encuentren un espacio sostenible en la televisión abierta. A largo plazo, el riesgo no es solo económico, sino democrático: menos voces, menos miradas y menor representación de la complejidad social del país.
La investigación de la SIC también envía un mensaje al mercado: ningún actor, por grande que sea, está exento del control institucional. En un sector donde la autorregulación ha sido la norma y donde el poder de la audiencia suele justificar posiciones dominantes, la intervención del ente regulador recuerda que la libre competencia no es un principio abstracto, sino una condición que debe protegerse activamente.
En definitiva, el proceso contra Caracol y RCN abre una ventana para repensar el modelo de negocio de la televisión colombiana en un contexto de transformación digital, caída de audiencias tradicionales y competencia con plataformas globales. Más que buscar culpables, el reto está en construir un mercado publicitario transparente, equilibrado y competitivo, que garantice sostenibilidad económica sin sacrificar pluralidad. El desenlace de esta investigación no solo definirá responsabilidades, sino que sentará un precedente sobre cómo se entiende y se regula el poder en uno de los sectores más influyentes del país.
#CANAL CORDOBA
