Corte Suprema de Justicia ratifica condena de 28 años contra Santiago Uribe por el caso de «Los Doce Apóstoles»
En una decisión judicial de enorme trascendencia histórica y política, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó de manera definitiva la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El alto tribunal dejó en firme el fallo que lo halla culpable en última instancia como coautor de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, relacionados con la conformación y operación del grupo paramilitar conocido como «Los Doce Apóstoles» durante la década de los noventa en el norte de Antioquia.
Un largo proceso judicial que llega a su fin
La determinación de la Corte Suprema ratifica la sentencia emitida previamente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia, la cual había revocado una absolución inicial dictada en 2024. Los magistrados determinaron que los delitos imputados constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben y debían ser penalizados de manera contundente.
De acuerdo con el expediente y las pruebas validadas por la justicia, la organización criminal operaba desde el municipio de Yarumal —principalmente en inmediaciones de la hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Uribe— ejecutando acciones bajo la modalidad de «limpieza social» y persecución a supuestos colaboradores de grupos guerrilleros.
Reacciones en el espectro nacional
Tras conocerse la notificación de la Corte, las reacciones en el país no se hicieron esperar:
La defensa y el entorno familiar: El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de sus canales oficiales calificando la ratificación de la condena como un «tema devastador para mi familia», mientras que su equipo jurídico evaluará los caminos internacionales restantes.
Representantes de las víctimas: Abogados y colectivos de derechos humanos calificaron el fallo como un hito histórico en la lucha contra la impunidad en Colombia, señalando que la decisión dignifica la memoria de las decenas de víctimas que dejó la estructura armada en Antioquia.
La Corte Suprema ordenó remitir de inmediato el expediente a las autoridades competentes en Antioquia para que se proceda con la emisión oficial de la orden de captura correspondiente y el traslado del condenado a un centro carcelario.
