Cuando la salud falla, las madres alzan la voz: protesta en Cali expone el drama silencioso de niños sin tratamiento

Cali. La escena ocurrida frente a una sede de una EPS en la capital del Valle del Cauca no es un hecho aislado ni un estallido espontáneo de indignación. Es el resultado de meses —e incluso años— de silencios administrativos, trámites inconclusos y promesas incumplidas. Un grupo de madres decidió protestar públicamente ante la falta de medicamentos y tratamientos esenciales para sus hijos, muchos de ellos con enfermedades de alto costo o condiciones médicas complejas. Su reclamo, cargado de angustia, puso rostro humano a una crisis estructural del sistema de salud colombiano.

Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales mostraron el desespero de mujeres que no reclamaban privilegios, sino derechos fundamentales. En sus voces no había consignas políticas ni discursos elaborados, sino un clamor básico: que sus hijos reciban los medicamentos y procedimientos que necesitan para vivir. La protesta, más que un acto de confrontación, fue una manifestación de agotamiento frente a un sistema que, para ellas, ha dejado de responder.

Desde una mirada periodística, lo ocurrido en Cali revela una problemática recurrente en el país: la distancia entre el derecho constitucional a la salud y su aplicación real. Aunque la ley reconoce la atención médica como un derecho fundamental, en la práctica muchas familias deben recurrir a tutelas, plantones y protestas para lograr lo que debería estar garantizado sin intermediaciones traumáticas. Cuando se trata de niños, esta brecha se vuelve aún más grave, pues cada día sin tratamiento puede significar un deterioro irreversible.

Las madres denunciaron retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, suspensión de terapias y falta de respuestas claras por parte de la EPS. Para ellas, el tiempo no es una variable administrativa, sino una amenaza directa. La enfermedad no espera resoluciones internas ni cambios de proveedor. En ese contexto, la protesta se convierte en el último recurso de quienes sienten que ya agotaron todas las vías formales.

La respuesta institucional, que suele apelar a comunicados y llamados al diálogo, contrasta con la urgencia expresada por las familias. Mientras las entidades hablan de procesos en revisión y mesas de trabajo, las madres enfrentan noches sin dormir, recaídas médicas y el temor constante de perder a sus hijos por causas evitables. Esta desconexión alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza la percepción de un sistema que prioriza lo administrativo sobre lo humano.

El caso también abre un debate más amplio sobre la situación de las EPS y su capacidad real para garantizar atención oportuna, especialmente a poblaciones vulnerables. Las dificultades financieras, los problemas de contratación y las fallas en la cadena de suministro no pueden convertirse en excusas permanentes cuando lo que está en juego es la vida. La protesta en Cali no señala solo a una entidad, sino a un modelo que muestra signos de desgaste y requiere revisiones profundas.

Más allá del episodio puntual, lo ocurrido interpela a las autoridades de salud y al Estado en su conjunto. La protección de la infancia no puede depender de la capacidad de protesta de las madres ni de la viralización de un video. Cada caso ignorado hasta el límite del desespero representa una falla colectiva que debería ser corregida antes de llegar a las calles.

En conclusión, la protesta de las madres en Cali no es un acto de rebeldía, sino un llamado de auxilio. Es la expresión de una ciudadanía que, al no encontrar respuestas en los canales institucionales, decide hacerse visible para defender lo más valioso que tiene: la vida de sus hijos. Su voz, cargada de dolor y dignidad, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿quién responde cuando el sistema de salud deja de cumplir su función esencial?