Defensoría prende las alarmas por reclutamiento de 1.173 menores tras bombardeo en Guaviare
El organismo enfatizó que la responsabilidad recae sobre los grupos armados e instó a reactivar de manera urgente la Comisión Intersectorial CIPRUNNA.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas a nivel nacional al reportar un registro de 1.173 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales en el país, pronunciamiento realizado tras el reciente bombardeo militar contra disidencias en el departamento del Guaviare.
Ante esta crítica situación de vulneración de derechos humanos, la defensora Iris Marín Ortiz enfatizó que la responsabilidad absoluta del reclutamiento forzado recae en las organizaciones criminales y recordó que los menores vinculados al conflicto mantienen de forma inalterable su condición de víctimas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El llamado de la entidad defensora se produce en un escenario de creciente tensión nacional debido al impacto de las operaciones militares de alta intensidad en zonas donde las estructuras al margen de la ley utilizan a la población infantil como escudo o combatientes. En ese sentido, Marín solicitó al Estado colombiano extremar las medidas de precaución y planeación estratégica en cada acción de la Fuerza Pública cuando exista información previa sobre la presencia de menores de edad en los campamentos o filas de las estructuras armadas, exigiendo que se evalúen alternativas operativas orientadas prioritariamente a salvaguardar sus vidas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo hizo un reclamo vehemente para la reactivación e intervención inmediata de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA). Según el organismo, el fortalecimiento de esta instancia institucional resulta imprescindible para articular a las entidades estatales en los territorios más afectados, prevenir nuevos casos y garantizar rutas efectivas de protección y desvinculación.
La crisis por el uso ilícito de menores en el conflicto armado continúa concentrándose en zonas rurales del sur y occidente del país, donde el reclutamiento no solo vulnera la libertad y el desarrollo integral de la niñez, sino que expone a los jóvenes a riesgos mortales durante los enfrentamientos bélicos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron que el cumplimiento del DIH es de obligatorio acatamiento y urgieron una presencia estatal integral que combine la seguridad con la inversión social en las comunidades en riesgo.
apoyo IA, IH
