Disidencias en expansión: crecimiento del grupo de alias ‘Calarcá’ pone en jaque la política de paz
Los más recientes informes de inteligencia encendieron las alarmas sobre el rumbo de la política de paz en Colombia. En pleno desarrollo de diálogos con el Gobierno nacional, la estructura liderada por alias ‘Calarcá’ no solo se ha mantenido activa, sino que ha experimentado un crecimiento exponencial que cuestiona la efectividad de los acercamientos institucionales con grupos armados ilegales.
De acuerdo con los reportes, la organización comandada por Alexander Díaz Mendoza pasó de 1.400 a 2.958 combatientes, lo que representa un incremento del 111%. Esta expansión no es menor: implica una mayor capacidad operativa, más control territorial y un fortalecimiento de economías ilegales que sostienen su accionar. El grupo hace parte del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, una disidencia de las Farc que sostiene conversaciones con el Gobierno desde 2023 en Tibú, Norte de Santander.
El crecimiento de esta estructura se da en paralelo a su presencia en al menos 10 departamentos y cerca de 100 municipios, lo que la posiciona como una de las organizaciones ilegales más robustas del país. Este fenómeno plantea una contradicción evidente: mientras se dialoga en escenarios institucionales, en el territorio se consolidan capacidades militares que desdibujan los compromisos de desescalamiento.
A esta situación se suma la atribución de acciones violentas recientes, como el atentado con motobomba en Briceño, Antioquia, que dejó un uniformado herido y daños materiales. Las autoridades señalan que una facción del Frente 36, bajo órdenes de ‘Calarcá’, estaría detrás de este ataque, lo que refuerza la percepción de que el grupo continúa delinquiendo pese a su participación en mesas de negociación.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue enfático al calificar a alias ‘Calarcá’ como un criminal activo y exigir su captura. No obstante, también reconoció que cualquier acción de la Fuerza Pública estará sujeta a las directrices del presidente Gustavo Petro, lo que evidencia la complejidad de actuar militarmente contra un actor que, al mismo tiempo, forma parte de un proceso de diálogo.
Este escenario revive un debate de fondo sobre la estrategia de “paz total”. ¿Es viable negociar con estructuras que continúan expandiéndose y ejecutando acciones armadas? ¿Existen mecanismos efectivos de verificación que garanticen el cumplimiento de compromisos por parte de estos grupos? La ausencia de respuestas claras a estas preguntas podría erosionar la confianza ciudadana en los procesos de paz.
Más allá de las cifras, el impacto se siente en los territorios. Comunidades enteras quedan atrapadas entre la expectativa de una salida negociada y la realidad de una violencia que no cede. El fortalecimiento de estas estructuras no solo prolonga el conflicto, sino que también dificulta la recuperación institucional en regiones históricamente afectadas.
El caso de alias ‘Calarcá’ se convierte así en un punto crítico para el Gobierno. La decisión entre mantener el diálogo o endurecer la respuesta estatal no solo definirá el futuro de este proceso específico, sino que marcará el rumbo de la política de seguridad en Colombia. En juego no está únicamente la negociación con un grupo armado, sino la credibilidad de una estrategia que busca, en medio de tensiones, cerrar definitivamente el capítulo del conflicto armado.
#CANAL CORDOBA
