El aumento que no alcanza a todos: el salario mínimo y la frontera invisible del empleo en Colombia
El reciente aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en dos millones de pesos, ha sido presentado por el Gobierno como una victoria social y un gesto contundente de respaldo al poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, detrás del anuncio oficial y de la cifra histórica del incremento, se esconde una realidad menos celebrada: no todos los trabajadores se benefician de esta medida, y la exclusión no es accidental, sino el resultado directo del diseño legal y estructural del mercado laboral colombiano.
El salario mínimo, por definición, es una herramienta de protección para quienes mantienen una relación laboral formal. Su objetivo es garantizar un ingreso básico que permita cubrir necesidades esenciales. No obstante, este principio choca con una realidad persistente: Colombia es un país donde la informalidad y las formas atípicas de contratación siguen siendo predominantes, lo que limita el alcance real de cualquier ajuste salarial decretado desde el Ejecutivo.
Uno de los grupos más afectados por esta exclusión es el de los trabajadores informales. Vendedores ambulantes, jornaleros, trabajadores por cuenta propia y miles de personas que subsisten sin contrato ni afiliación a la seguridad social quedan automáticamente por fuera del incremento. Para ellos, el aumento del salario mínimo no representa un alivio inmediato, sino una cifra lejana que no se traduce en mayores ingresos ni en mejores condiciones de vida. Paradójicamente, son estos sectores los que más sienten el impacto del alza en el costo de vida que suele acompañar los ajustes salariales.
A esta situación se suma el caso de los contratistas e independientes vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Aunque muchos cumplen horarios, funciones permanentes y responsabilidades similares a las de un empleado formal, la ley no los reconoce como trabajadores sujetos al salario mínimo, dejándolos a merced de acuerdos privados que rara vez se ajustan de forma automática con los decretos gubernamentales. Este vacío legal profundiza la precarización laboral y normaliza una relación desigual entre empleador y trabajador.
Otro segmento que suele pasar desapercibido es el de quienes ganan más de un salario mínimo. Aunque podría pensarse que este grupo no requiere protección adicional, la realidad es que la ausencia de una obligación legal para reajustar sus salarios provoca un estancamiento del ingreso frente a la inflación. En muchos casos, el aumento del mínimo termina comprimiendo la escala salarial, desincentivando la formación, la experiencia y la permanencia laboral, mientras se amplía la sensación de inequidad dentro de las empresas.
Este panorama plantea un debate de fondo: ¿hasta qué punto el aumento del salario mínimo, por sí solo, puede considerarse una política integral de justicia laboral? Si bien el ajuste beneficia directamente a millones de trabajadores formales, su impacto estructural es limitado en un país donde una parte significativa de la población económicamente activa permanece fuera del sistema formal. El riesgo es que el salario mínimo se convierta en una medida simbólica, potente en lo político, pero insuficiente frente a los desafíos reales del empleo.
Expertos en economía laboral coinciden en que el problema no radica únicamente en el monto del salario mínimo, sino en la falta de una estrategia paralela que promueva la formalización, fortalezca la inspección laboral y reduzca el uso indiscriminado de contratos precarios. Sin estos elementos, cada aumento corre el riesgo de beneficiar siempre a los mismos, mientras amplios sectores continúan invisibles para la política pública.
En este contexto, el debate sobre el salario mínimo trasciende la cifra decretada. Se trata de una discusión sobre el modelo de empleo que el país quiere consolidar. Mientras no se cierre la brecha entre trabajo formal e informal, y mientras el acceso a derechos laborales siga dependiendo del tipo de contrato, el aumento del salario mínimo seguirá siendo, para muchos colombianos, una promesa que nunca llega a su bolsillo.
#CANAL CORDOBA
