Expresidente Álvaro Uribe denuncia supuesto «plan para llevarlo a prisión de por vida» y lanza fuertes críticas a la Fiscalía
El exmandatario arremetió nuevamente contra el ente acusador, señalando presuntas irregularidades y motivaciones políticas detrás del proceso judicial en su contra.
BOGOTÁ, COLOMBIA — El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, volvió a encender el debate político y judicial del país al lanzar contundentes críticas contra la Fiscalía General de la Nación. A través de un pronunciamiento público, el exmandatario denunció la existencia de un supuesto plan coordinado que tendría como único objetivo asegurar una condena que lo mantenga en prisión de por vida.
Uribe, quien enfrenta un complejo proceso penal, cuestionó con severidad la imparcialidad de las autoridades judiciales, argumentando que se han vulnerado sus garantías procesales y que el caso en su contra obedece a un trasfondo político más que a un sustento jurídico sólido.
Ejes centrales de la denuncia de Uribe
El expresidente fundamentó sus fuertes declaraciones señalando varios puntos clave sobre el estado de su situación legal:
Falta de garantías: El exmandatario insistió en que no cuenta con las condiciones necesarias para un juicio justo, señalando un sesgo institucional dentro de la Fiscalía.
Cuestionamiento a testigos: Uribe reiteró que las pruebas y testimonios en los que se apoya la acusación carecen de credibilidad y forman parte de un montaje para debilitar su legado político y a su partido.
Presión política: Denunció que el proceso se ha convertido en un escenario de persecución que busca dar un mensaje de judicialización definitiva en su contra, calificando las intenciones de sus detractores como un esfuerzo por «sepultarlo en la cárcel».
«Hay un plan estructurado para llevarme a prisión de por vida, sin importar las pruebas de mi inocencia que hemos presentado», manifestó el exmandatario durante sus declaraciones.
Impacto en el panorama político
Las afirmaciones de Álvaro Uribe Vélez generaron de inmediato una ola de reacciones divididas en el Congreso de la República y la opinión pública. Mientras que los sectores de la oposición y simpatizantes del Centro Democrático respaldaron sus palabras, calificando el proceso de «venganza judicial», los sectores afines al Gobierno y defensores de los derechos humanos pidieron respeto por la independencia de las instituciones y exigieron que se permita que el juicio avance bajo la rigurosidad de la ley.
