La guerra se reinventa en el Cauca: drones, miedo y un Estado puesto a prueba

El ataque contra una subestación de Policía en el municipio de El Patía, Cauca, ocurrido mediante el uso de drones cargados con explosivos y que dejó un uniformado herido, no es un hecho aislado ni un simple episodio de orden público. Es, en realidad, una señal preocupante de cómo el conflicto armado en Colombia se adapta, se moderniza y desafía de manera directa la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y a su fuerza pública en los territorios más vulnerables.

El uso de drones como arma ofensiva marca un punto de inflexión en la dinámica de la violencia. Lo que antes parecía una tecnología lejana, asociada a conflictos internacionales, hoy se instala con crudeza en zonas rurales del país. Esta modalidad no solo incrementa el riesgo para los uniformados, sino que amplía la sensación de indefensión de las comunidades, que ven cómo la guerra puede llegar desde el aire, sin aviso y sin rostro visible.

Cauca, desde hace años, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control territorial, economías ilícitas y rutas estratégicas. En ese contexto, la Policía y el Ejército se convierten en blanco constante de hostigamientos, atentados y emboscadas. El patrullero herido en El Patía es el rostro humano de una confrontación que se libra todos los días lejos de los grandes centros urbanos, pero que tiene consecuencias nacionales.

Desde una perspectiva periodística, el hecho obliga a ir más allá del reporte inmediato del ataque. La pregunta de fondo es qué tan preparada está la institucionalidad para enfrentar una violencia que muta con rapidez, que incorpora nuevas tecnologías y que pone en jaque los esquemas tradicionales de seguridad. La reacción de las autoridades, con la activación de consejos de seguridad y operativos militares, es necesaria, pero no suficiente si no va acompañada de una estrategia integral y sostenida.

La población civil, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, es quizá la mayor víctima colateral. Cada ataque contra la fuerza pública genera zozobra, paraliza actividades económicas, limita la movilidad y refuerza la percepción de abandono estatal. En municipios como El Patía, donde la presencia del Estado ya es frágil, estos hechos profundizan la brecha entre las promesas oficiales y la realidad cotidiana de las comunidades.

El atentado también reabre el debate sobre la política de seguridad y los procesos de diálogo con grupos armados. Mientras se habla de paz y de salidas negociadas al conflicto, en el territorio la violencia no solo persiste, sino que se sofistica. Esa contradicción alimenta el escepticismo ciudadano y plantea un desafío mayúsculo para el Gobierno: cómo avanzar en la reducción del conflicto sin permitir que los actores armados fortalezcan su capacidad ofensiva.

Lo ocurrido en El Patía no debe leerse únicamente como una noticia de un policía herido, sino como una advertencia. La guerra en Colombia no ha desaparecido; ha cambiado de forma. Ignorar esa realidad sería un error grave. El reto está en responder con inteligencia, presencia institucional real y políticas que no se queden en el papel, porque cada ataque que queda impune o sin respuestas de fondo fortalece la idea de que el Estado llega tarde o no llega.

En el Cauca, hoy más que nunca, la seguridad no es solo un asunto militar: es una deuda social, política y territorial que sigue esperando soluciones estructurales.