“Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?”: El drama de María Claudia Tarazona por la presunta infiltración en el esquema de Miguel Uribe
La viuda del político vive en medio del temor tras revelarse que miembros de la protección oficial habrían filtrado información estratégica a la red criminal que ejecutó el magnicidio.
María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, enfrenta una severa situación de vulnerabilidad y zozobra familiar luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una nueva línea de investigación para constatar la presunta infiltración de dos miembros del esquema de seguridad asignado a su familia por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Las indagaciones señalan que los escoltas implicados habrían facilitado datos logísticos, desplazamientos y rutinas esenciales a los autores materiales e intelectuales vinculados a la estructura armada que perpetró el atentado en junio de 2025.
El avance del proceso investigativo reveló coincidencias en los registros de geolocalización y llamadas telefónicas entre dispositivos móviles de los escoltas del esquema y alias ‘El Viejo’, jefe de la red criminal que coordinó el ataque sicarial. Asimismo, peritos judiciales analizan itinerarios detallados de la vida cotidiana de la familia que fueron hallados en teléfonos celulares incautados a los procesados, lo que confirma que el entorno íntimo del político estuvo expuesto a un constante seguimiento facilitado desde el interior de su propia custodia.
Ante la gravedad de los hallazgos y las alertas emitidas directamente por Tarazona sobre la desconfianza hacia su equipo de protección, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y la Dirección de la UNP, ordenó la renovación total del esquema de seguridad asignado a la viuda y a sus hijos. Las autoridades penitenciarias y judiciales continúan recolectando pruebas patrimoniales e inspeccionando bitácoras de viaje para determinar el grado exacto de complicidad y emitir las órdenes de captura correspondientes contra los funcionarios involucrados en la filtración de información confidencial.
El caso, que ya deja múltiples condenas de ejecutores del atentado, toma ahora un giro crítico hacia las fallas institucionales en los filtros de seguridad estatal. Mientras el ente fiscal consolida las pruebas técnicas, la familia de la víctima afronta secuelas emocionales permanentes producto del inminente riesgo al que estuvieron sometidos por cuenta de las personas encargadas de velar por su protección.
apoyo IA, IH
