Menores heridos en corralejas de otra temporada: una tradición que vuelve a enfrentar críticas por vulnerar derechos y seguridad
La temporada de corralejas en diversos municipios de la región volvió a teñirse de preocupación cuando se reportó la atención de varios menores de edad heridos tras su participación en estos eventos, tradicionalmente promovidos como parte de la cultura popular. El hecho, ocurrido este 30 de diciembre de 2025, reaviva un debate que va mucho más allá de la fiesta misma: la protección de los derechos de los niños, la seguridad en eventos públicos y la necesidad de ajustar prácticas culturales que hoy representan un riesgo comprobado para la integridad física de los participantes.
Las corralejas —fiestas taurinas populares donde los asistentes interactúan de manera directa con el ganado— han sido históricamente un fenómeno sociocultural en el Caribe colombiano. Sin embargo, cada año se repiten los reportes de heridos y, en algunos casos, de víctimas graves, con una preocupante recurrencia entre menores que, por diversas razones, asisten y participan activamente de estos espectáculos. En el más reciente caso, según los reportes, varios adolescentes terminaron en centros de atención médica tras sufrir lesiones durante el desarrollo del evento, lo que motivó la intervención de las autoridades sanitarias y de protección de la niñez.
Desde una óptica periodística, la recurrencia de este tipo de hechos obliga a formular preguntas incómodas sobre la compatibilidad entre tradición y protección de derechos fundamentales. En Colombia, la participación infantil en actividades de riesgo está prohibida o fuertemente regulada por normativas nacionales e internacionales, incluido el enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones parecen encontrarse con interpretaciones culturales, presiones comunitarias y tradiciones que, con el paso del tiempo, han normalizado riesgos inaceptables para menores.
El argumento de la “tradición” suele utilizarse para justificar la presencia de público en eventos taurinos y similares. No obstante, cuando esa tradición implica poner en riesgo la vida y la integridad física de personas, especialmente de menores, el discurso cultural colisiona con la obligación del Estado de proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad. La atención de heridos, en estos casos, no debería ser simplemente una respuesta sanitaria reactiva, sino el síntoma de una falla más profunda en la articulación de políticas públicas preventivas que realmente limiten la exposición de los niños a situaciones peligrosas.
La reiteración de incidentes de este tipo, año tras año, también evidencia una laguna en la educación y en la sensibilización comunitaria sobre los efectos nocivos que prácticas de riesgo pueden tener en el desarrollo físico y emocional de niñas, niños y adolescentes. Aunque los organizadores suelen enfatizar el carácter festivo y participativo de las corralejas, pocos espacios se destinan a campañas educativas que adviertan sobre los peligros concretos y las responsabilidades legales de permitir o fomentar la participación de menores.
Las declaraciones de algunos padres y espectadores, que minimizan las lesiones como “parte del espectáculo” o evidencian desconocimiento sobre las normativas de protección juvenil, reflejan además una normalización social del riesgo, difícil de abordar únicamente con medidas punitivas. Para que los cambios sean sostenibles, se requieren estrategias integrales que involucren educación, diálogo comunitario y, esencialmente, el liderazgo activo de las autoridades locales en la promoción de prácticas culturales seguras y respetuosas de los derechos de la niñez.
No se trata de desconocer las raíces culturales o de negar la importancia de las festividades populares; se trata de evaluar críticamente qué tradiciones pueden preservarse de manera segura y cuáles requieren transformaciones para alinearse con estándares básicos de protección de derechos. En otras latitudes, festividades que implican riesgo para los asistentes han sido objeto de reformas profundas, no para borrar la memoria cultural, sino para garantizar que esa memoria no se construya a costa de la vida de los más vulnerables.
Las corralejas de fin de año, como muchas otras prácticas tradicionales, tienen un lugar en la historia y en el imaginario colectivo. Sin embargo, cuando esas prácticas ponen en riesgo sistemático a menores de edad, la sociedad y el Estado enfrentan una responsabilidad ética y legal ineludible: garantizar que la celebración no se convierta en tragedia, que la cultura no se nutra de la exposición al riesgo y que, sobre todo, los derechos y la seguridad de los niños estén por encima de cualquier costumbre.
La atención de heridos en corralejas durante esta temporada no debe leerse como un accidente aislado, sino como una oportunidad para replantear prácticas, fortalecer marcos regulatorios y abrir un diálogo profundo sobre cómo preservar la riqueza cultural sin sacrificar la vida y la salud de quienes aún no tienen plena autonomía para decidir sobre su integridad.
#CANAL CORDOBA
