Migrar no fue huir de la violencia: el feminicidio de una colombiana en España y la deuda global con las mujeres

La muerte violenta de una mujer colombiana en España vuelve a poner en evidencia una verdad incómoda y persistente: la violencia de género no se detiene en las fronteras ni se diluye con los sueños de una vida mejor. El asesinato de una connacional en territorio europeo, presuntamente a manos de su pareja sentimental, no es solo un hecho criminal que compete a la justicia española; es también un espejo que refleja fallas estructurales compartidas por las sociedades de origen y de destino.
Durante años, la migración ha sido presentada como una ruta de escape frente a la precariedad económica, la inseguridad y la falta de oportunidades. Para miles de mujeres colombianas, migrar ha significado asumir riesgos enormes con la esperanza de proteger a sus familias y construir estabilidad. Sin embargo, casos como este demuestran que la violencia machista viaja con quienes la ejercen y se reproduce en contextos donde el aislamiento, la dependencia económica y la ausencia de redes de apoyo profundizan la vulnerabilidad de las víctimas.
Desde una perspectiva periodística, el feminicidio de una mujer migrante exige ir más allá del relato policial. No basta con informar el lugar, el arma o la captura del presunto responsable. La pregunta de fondo es por qué, aun en países con marcos legales robustos contra la violencia de género, estas tragedias siguen ocurriendo. La respuesta no es simple, pero apunta a una combinación de factores: relaciones de poder desiguales, normalización del control y los celos, dificultades para denunciar cuando se carece de documentación estable y el temor constante a perder el sustento o la custodia de los hijos.
La condición migratoria, lejos de ser un detalle secundario, suele agravar el riesgo. Muchas mujeres llegan a países extranjeros sin una red familiar cercana, con barreras idiomáticas, empleo precario y una dependencia emocional y económica de su pareja. En ese contexto, identificar señales de alerta y acceder a rutas de protección se vuelve más complejo. El resultado es un silencio forzado que, en demasiadas ocasiones, termina en tragedia.
Este caso también interpela al Estado colombiano. Aunque el crimen ocurrió fuera del país, la responsabilidad institucional no se agota con un comunicado de condolencias. Las familias que quedan en Colombia enfrentan un doble duelo: la pérdida violenta y la incertidumbre de trámites internacionales, costos de repatriación y procesos judiciales a distancia. La falta de mecanismos ágiles de acompañamiento consular convierte el dolor en una carga aún más pesada, especialmente para hogares de escasos recursos.
En España, el feminicidio reabre el debate sobre la eficacia real de los sistemas de prevención. Las leyes existen, los protocolos están escritos y las campañas son constantes, pero la violencia persiste. Esto obliga a revisar cómo se identifican los casos de riesgo, cómo se protegen a las mujeres migrantes y qué tan accesibles son los canales de denuncia para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. La justicia, cuando llega después del crimen, siempre llega tarde.
No se trata de señalar países ni de comparar cifras como si el dolor pudiera medirse en estadísticas. Se trata de reconocer que la violencia de género es un problema global, con raíces culturales profundas, que requiere respuestas integrales y coordinadas. La historia de esta colombiana asesinada en España es la de muchas mujeres que creyeron que cambiar de geografía era suficiente para cambiar de destino.
El periodismo tiene aquí una responsabilidad ética: nombrar la violencia sin revictimizar, contextualizar sin justificar y exigir respuestas sin caer en el sensacionalismo. Cada feminicidio debe contarse como lo que es: una falla colectiva que no puede normalizarse ni archivarse con rapidez.
En conclusión, la muerte de una colombiana en España no es solo una noticia internacional; es una alerta. Migrar no debería significar quedar más expuesta a la violencia, y amar no puede seguir siendo una sentencia de muerte. Mientras los Estados no garanticen protección efectiva a las mujeres —sin importar su nacionalidad o estatus migratorio—, cada frontera cruzada seguirá siendo, para muchas, una promesa rota.

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