Movilidad restringida por la emergencia: Montería prioriza el bombeo de aguas sobre la fluidez vehicular
La declaratoria de calamidad pública en Montería no solo ha implicado la activación de protocolos humanitarios y de gestión del riesgo; también ha transformado la dinámica urbana de la margen izquierda de la ciudad. Los cierres y cambios viales anunciados por la administración municipal son una muestra de cómo, en escenarios de crisis, la infraestructura de movilidad pasa a segundo plano frente a la urgencia de proteger la vida y restablecer condiciones mínimas de salubridad.
Las modificaciones, según explicó la Alcaldía, buscan garantizar la operación continua de maquinaria pesada, equipos de succión y personal técnico encargados de evacuar el agua acumulada en barrios de las comunas 1 y 2. En términos prácticos, esto implica sacrificar temporalmente la fluidez del tránsito para acelerar el drenaje de zonas críticas donde la acumulación hídrica mantiene en vilo a cientos de familias.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre total de la carrera 1W entre la calle 41 —sector cercano a la Universidad del Sinú— y la calle 38. Paralelamente, se habilitó la carrera 9W (Troncal del Dorado) en doble sentido entre las calles 41 y 33, y en un solo carril y sentido entre la 33 y la 30, con el objetivo de preservar la estabilidad de la infraestructura y permitir la intervención técnica sin interrupciones.
La reorganización incluye además la habilitación de la calle 33 en sentido Oriente–Occidente y el ingreso al barrio Juan XXIII por la carrera 3W, mientras el Puente Metálico continúa operando en un único sentido Occidente–Oriente. Estas decisiones, aunque puedan generar congestión y molestias en la rutina diaria de conductores y comerciantes, responden a una lógica de priorización: primero la emergencia, luego la normalidad.
Desde una perspectiva periodística, el debate no es si las medidas incomodan —porque claramente lo hacen—, sino si son proporcionales a la magnitud del riesgo. En contextos de inundación, el agua estancada no solo deteriora la infraestructura vial; también incrementa el riesgo sanitario, favorece la proliferación de vectores y agrava la vulnerabilidad de viviendas ya comprometidas estructuralmente. Permitir que la maquinaria opere sin restricciones puede marcar la diferencia entre una recuperación gradual y un deterioro prolongado.
Sin embargo, estas decisiones también evidencian la fragilidad del ordenamiento urbano frente a fenómenos climáticos extremos. La necesidad de intervenir con cierres amplios y cambios drásticos en la circulación sugiere que la ciudad enfrenta limitaciones estructurales en su sistema de drenaje y planificación hidráulica. La emergencia actual pone sobre la mesa la discusión sobre inversiones a largo plazo en infraestructura resiliente, que reduzca la recurrencia de este tipo de medidas extraordinarias.
La administración municipal ha insistido en que los cambios son temporales y estarán vigentes únicamente mientras se desarrollan las labores técnicas. La solicitud de comprensión ciudadana es comprensible, pero también requiere una comunicación constante y clara sobre tiempos estimados y avances en los trabajos, para evitar desinformación y tensiones comunitarias.
En definitiva, Montería atraviesa un momento donde cada decisión urbana está atravesada por la emergencia climática. Restringir la movilidad puede ser impopular, pero en este escenario se presenta como una acción preventiva y estratégica. La prioridad, como ha señalado la administración, es proteger la vida, la salubridad y la seguridad de las comunidades. La verdadera prueba será que estas intervenciones temporales se traduzcan en una recuperación efectiva y en aprendizajes que fortalezcan la resiliencia de la ciudad frente a futuras temporadas de lluvias.
#CANAL CORDOBA
