Paz total en deuda: promesas incumplidas y fortalecimiento armado marcan la recta final del gobierno Petro
A medida que el gobierno de Gustavo Petro entra en su fase final, el balance de su política de “paz total” se enfrenta a un contraste cada vez más evidente entre el discurso y la realidad territorial. Lo que en 2021 se presentó como una promesa ambiciosa —neutralizar al ELN en tres meses y avanzar hacia la desarticulación de otros grupos armados— hoy se traduce en un escenario marcado por negociaciones intermitentes, rupturas constantes y, sobre todo, un fortalecimiento sostenido de las estructuras ilegales.
El caso del ELN es quizá el más representativo de esta dinámica. Desde el inicio de los diálogos el 21 de noviembre de 2022 en Caracas, el proceso ha estado atravesado por tensiones, desconfianzas y acciones violentas que han debilitado cualquier avance estructural. Paros armados, desacuerdos frente a ceses al fuego y ataques como el perpetrado en Puerto Jordán evidencian la fragilidad de una mesa que, a la fecha, no logra consolidar un horizonte claro de desescalamiento del conflicto.
Un panorama similar se observa con las disidencias de las Farc. La llamada ‘Segunda Marquetalia’, liderada por Luciano Marín, rompió el proceso de diálogo tras desconocer los acuerdos en curso, mientras enfrenta graves señalamientos judiciales. Paralelamente, el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, vio fracasar su proceso de negociación en 2024 tras una escalada de violencia en regiones como el Cauca.
Más preocupante aún es el caso del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá’. Informes de inteligencia revelan que esta estructura no solo ha mantenido su accionar delictivo en medio de los diálogos, sino que ha crecido en un 111%, pasando de 1.400 a cerca de 3.000 combatientes. Este incremento no solo pone en entredicho la eficacia de las negociaciones, sino que sugiere que el proceso ha sido utilizado como una ventana de expansión territorial y fortalecimiento logístico.
En paralelo, el ‘Clan del Golfo’ —otra de las estructuras incluidas en la estrategia de paz total— ha transitado por una ruta igualmente accidentada. Tras conversaciones iniciadas en Doha en 2025, el proceso se encuentra suspendido desde febrero de 2026, en medio de tensiones derivadas de compromisos internacionales del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La organización, lejos de debilitarse, mantiene presencia en amplias zonas del país y continúa disputando economías ilegales clave.
Este escenario plantea una pregunta inevitable: ¿ha sido la paz total una estrategia efectiva o una apuesta que terminó favoreciendo la recomposición de los grupos armados? Para sectores críticos, la respuesta es clara. Argumentan que la suspensión de órdenes de captura, los ceses al fuego y la falta de acciones contundentes han generado incentivos perversos que permiten a estas organizaciones rearmarse, reclutar y expandirse.
Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que los procesos de paz son complejos, de largo aliento y sujetos a múltiples variables. La apuesta, según el Ejecutivo, sigue siendo evitar una escalada del conflicto y abrir caminos de diálogo que, aunque imperfectos, representan una alternativa frente a la confrontación armada.
Lo cierto es que, más allá de las posturas políticas, la realidad en los territorios refleja un deterioro en las condiciones de seguridad. Regiones históricamente golpeadas por la violencia, como el Catatumbo, el Cauca o el sur del país, continúan siendo escenario de disputas armadas, desplazamientos y control de economías ilícitas.
En este contexto, la política de paz total enfrenta su mayor prueba: demostrar resultados concretos antes del cierre del mandato. De lo contrario, corre el riesgo de quedar registrada no como un avance histórico, sino como una oportunidad fallida en medio de un conflicto que, lejos de extinguirse, parece haberse transformado y fortalecido bajo nuevas dinámicas.
#CANAL CORDOBA
