Petro cuestiona garantías del sistema electoral y desata choque institucional con la Registraduría y órganos de control
A pocos días de las elecciones de Congreso y a tres meses de las presidenciales, el presidente Gustavo Petro puso en duda la transparencia del proceso electoral colombiano al advertir presuntas fallas en el software de transmisión de resultados y en el diligenciamiento del formulario E-14. Sus declaraciones abrieron un nuevo frente de tensión institucional con la Registraduría Nacional del Estado Civil y generaron pronunciamientos de los principales órganos de control y observación electoral.
El mandatario aseguró que el software utilizado para transmitir los datos desde los puestos de votación no sería el mismo provisto por la empresa española Indra, contratada en elecciones anteriores, sino uno desarrollado por Thomas Greg & Sons, firma que históricamente ha participado en procesos logísticos y tecnológicos del sistema electoral colombiano. Según el jefe de Estado, el código fuente no habría sido entregado de manera completa a los partidos políticos, lo que —a su juicio— limitaría la verificación independiente del sistema.
La Registraduría, encabezada por Hernán Penagos, rechazó los señalamientos y sostuvo que los sistemas de información electoral son auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), entidad internacional especializada en procesos comiciales. De acuerdo con la autoridad electoral, las auditorías cubren el software de jurados de votación, escrutinio, consolidación y divulgación nacional, así como el sistema de preconteo de votos, el cual —según la entidad— es el mismo adquirido a Indra para los comicios de 2022 y está disponible para supervisión del Consejo Nacional Electoral.
Frente al cuestionamiento sobre el código fuente, Penagos anunció que este será entregado en custodia a la Procuraduría General de la Nación, junto con la totalidad del software de preconteo, escrutinio y transmisión de resultados, con el fin de reforzar la confianza institucional. El registrador explicó que el código ya fue expuesto a organizaciones políticas para su revisión técnica y que el proceso cuenta con protocolos de verificación establecidos.
Otro punto de fricción es el formulario E-14, documento físico en el que los jurados consignan los resultados de cada mesa. El presidente afirmó que dejar casillas en blanco podría facilitar fraude electoral. Sin embargo, la Registraduría respondió que marcar esos espacios con tachones o símbolos podría generar inconsistencias en la digitalización y transmisión de datos, complicando el proceso de consolidación.
Las advertencias del Ejecutivo fueron desmentidas también por el procurador general, Gregorio Eljach, quien afirmó no haber encontrado evidencia que permita concluir la existencia de irregularidades estructurales en la organización electoral. En la misma línea, Cristian Quiroz, presidente del CNE, defendió la legitimidad del proceso y advirtió que la polarización no debe trasladarse al terreno técnico-electoral.
Desde la sociedad civil, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, fue enfática en señalar que no existe evidencia que sustente una teoría de fraude estructural en el sistema colombiano, aunque reiteró la importancia de la vigilancia y auditoría permanente como garantía democrática.
El presidente también mencionó antecedentes relacionados con la empresa ASD, filial de Thomas Greg & Sons, señalando presuntas vulnerabilidades y cuestionamientos en procesos electorales pasados en el extranjero. No obstante, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aclaró que dicha compañía no participará en el actual proceso electoral colombiano. La firma, por su parte, aseguró no tener sanciones ni procesos disciplinarios o penales vigentes vinculados con contratos electorales.
El debate trasciende el plano técnico y se instala en el terreno político. En una democracia, la confianza en las reglas del juego es tan determinante como el resultado mismo. Las denuncias sin evidencia concluyente pueden erosionar la percepción ciudadana, mientras que la transparencia activa por parte de las autoridades es indispensable para disipar dudas legítimas.
Colombia ha enfrentado en el pasado controversias sobre preconteos y escrutinios, pero también ha consolidado mecanismos de control cruzado entre partidos, autoridades y observadores independientes. En este escenario, el desafío no solo es garantizar la integridad técnica del proceso, sino preservar la estabilidad institucional en medio de un ambiente político polarizado.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la discusión sobre software, auditorías y formularios se convierte en un tema central del debate público. La legitimidad del resultado dependerá tanto del rigor técnico como de la responsabilidad política con la que los distintos actores manejen sus afirmaciones y la información disponible.
#CANAL CORDOBA
