Petro propone aumentar impuesto a latifundios improductivos y reaviva debate con el sector ganadero
El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa uno de los ejes centrales de su agenda: la reforma rural y la transformación estructural del uso de la tierra en Colombia. En esta ocasión, el mandatario planteó un incremento del impuesto a los grandes latifundios improductivos como mecanismo para estimular la producción agraria, abaratar el arriendo de tierras y reactivar la economía en municipios históricamente rezagados.
Según el jefe de Estado, la medida no está dirigida contra quienes trabajan la tierra, sino contra quienes concentran grandes extensiones sin destinarlas a la producción de alimentos. “El impuesto es para los grandes tenedores de tierra ineficiente, a labrar la tierra fértil y no a vivir de la renta de la tierra”, afirmó, insistiendo en que el objetivo es desincentivar la especulación y promover un modelo productivo más dinámico.
La propuesta se inscribe en un contexto más amplio de discusión sobre la actualización catastral, el impuesto predial rural y la productividad del campo. Para el Ejecutivo, gravar con mayor fuerza los predios improductivos permitiría democratizar el acceso a la tierra, reducir costos de arrendamiento y estimular la inversión agrícola, especialmente en territorios donde conviven altos niveles de pobreza con suelos fértiles subutilizados.
No obstante, el anuncio ha generado preocupación en el sector ganadero. Desde la Fedegán, su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, advirtió que en varios municipios rurales los avalúos catastrales proyectados para 2026 presentan incrementos superiores al 1.000 %, lo que impactaría directamente el impuesto predial y los costos de producción.
Lafaurie solicitó una reunión con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, para analizar las implicaciones tributarias de la normatividad vigente. El dirigente gremial sostiene que cerca del 82 % de los productores son pequeños ganaderos, quienes podrían verse afectados si no se diferencian claramente los grandes latifundios improductivos de las explotaciones familiares que sí generan actividad económica.
El debate, en el fondo, expone una tensión histórica: cómo equilibrar la necesidad de redistribuir y hacer productiva la tierra con la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de quienes ya operan en el campo. Mientras el Gobierno argumenta que el gravamen se enfocará en predios ineficientes, los gremios temen que la actualización catastral y el aumento del impuesto predial terminen afectando a productores que enfrentan dificultades estructurales como inseguridad, deficiente infraestructura vial y limitada cobertura de servicios públicos.
Desde una perspectiva periodística, la propuesta del Ejecutivo reabre la discusión sobre la función social de la propiedad rural en Colombia. El país arrastra una histórica concentración de la tierra y amplias extensiones subutilizadas, pero también enfrenta un entorno productivo complejo, donde la rentabilidad agropecuaria es sensible a variaciones tributarias y costos logísticos.
El desafío estará en la reglamentación y en la focalización efectiva de la medida. Si el impuesto logra dirigirse exclusivamente a grandes predios improductivos, podría convertirse en un instrumento para estimular la producción y la formalización. Sin embargo, si la actualización catastral no distingue con precisión entre escalas productivas, el riesgo de afectar a pequeños y medianos productores podría intensificar la confrontación con los gremios.
En un país donde la tierra ha sido históricamente fuente de conflicto y desigualdad, cualquier reforma fiscal rural trasciende lo tributario y se convierte en un debate estructural sobre modelo económico, desarrollo territorial y justicia social. La discusión apenas comienza y promete marcar la agenda agraria en los próximos meses.
#CANAL CORDOBA
