SOAT 2026: entre el ajuste técnico y el impacto directo al bolsillo de millones de conductores
El anuncio de los cambios proyectados para el SOAT 2026 vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en Colombia: cómo equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema de atención a víctimas de accidentes de tránsito sin convertir el seguro obligatorio en una carga desproporcionada para los ciudadanos. Cada modificación tarifaria del SOAT no es un simple ajuste administrativo; es una decisión que afecta de manera directa a millones de conductores, en especial a motociclistas y transportadores, quienes constituyen el grueso del parque automotor del país.
El SOAT nació como una herramienta de protección social, diseñada para garantizar atención médica inmediata a cualquier persona involucrada en un siniestro vial, sin importar quién sea el responsable. Esa naturaleza solidaria ha sido, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su principal desafío. En los últimos años, el aumento de la siniestralidad, los costos crecientes en salud y los fraudes al sistema han puesto bajo presión las finanzas del seguro, obligando al Estado y a las aseguradoras a replantear su estructura de tarifas.
Para 2026, las proyecciones apuntan a ajustes diferenciados según el tipo de vehículo, una decisión que, aunque técnicamente sustentada, genera inquietud en sectores específicos. Las motocicletas, por ejemplo, continúan siendo protagonistas en las estadísticas de accidentalidad, lo que las ubica en el centro del debate tarifario. Sin embargo, detrás de los números hay una realidad social compleja: miles de motociclistas utilizan este medio como herramienta de trabajo y subsistencia, por lo que cualquier incremento, por pequeño que parezca, tiene un efecto inmediato en su economía diaria.
Otro elemento clave en la discusión es el cambio en el método de cálculo, con la transición hacia indicadores técnicos como la Unidad de Valor Tributario (UVT). Desde el punto de vista financiero, esta medida busca mayor estabilidad y coherencia con la inflación y los costos reales del sistema de salud. No obstante, para el ciudadano común, estos cambios suelen percibirse como decisiones lejanas, poco explicadas y, en muchos casos, impuestas sin suficiente pedagogía. La falta de claridad alimenta la desconfianza y refuerza la percepción de que el SOAT es solo un trámite costoso y no un instrumento de protección colectiva.
El transporte público y de servicio especial también enfrenta un escenario retador. Taxis, buses y vehículos de carga asumen primas más altas debido a su uso intensivo, lo que inevitablemente se traslada a los costos operativos del sector y, en última instancia, al usuario final. En este contexto, el SOAT deja de ser solo un seguro y se convierte en una variable que incide en tarifas, precios y dinámicas económicas locales.
Más allá de los valores concretos, el debate de fondo es político y social. ¿Hasta qué punto los ajustes responden exclusivamente a criterios técnicos y hasta dónde reflejan la incapacidad del Estado para combatir de manera efectiva el fraude y la evasión del seguro? Mientras miles de vehículos circulan sin SOAT, quienes cumplen la norma terminan asumiendo una mayor carga para sostener el sistema. Esta inequidad sigue siendo uno de los puntos más críticos y menos resueltos.
El SOAT 2026 llega, entonces, en un momento clave. El país necesita un seguro obligatorio financieramente viable, pero también justo y comprensible para la ciudadanía. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto sube o baja la tarifa, sino en cómo se fortalece el control, se mejora la transparencia y se protege a los usuarios cumplidos, sin sacrificar el objetivo fundamental: salvar vidas y garantizar atención oportuna en las vías.
En definitiva, el reto no es solo ajustar cifras, sino recuperar la confianza en un sistema que, pese a sus fallas, sigue siendo uno de los pilares de la seguridad vial en Colombia.
#CANAL CORDOBA
