UNGRD lanza advertencia penal: ayudas humanitarias no pueden convertirse en plataforma política
En medio del aumento de emergencias climáticas en distintas regiones del país, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, envió un mensaje directo y sin matices a alcaldes y dirigentes políticos: el uso indebido de ayudas humanitarias podría derivar en procesos penales por fraude a subvención.
La advertencia no es menor. En escenarios de calamidad pública, donde miles de familias dependen de mercados, kits de aseo, subsidios temporales o materiales de construcción, la línea entre la gestión institucional y la manipulación política debe estar claramente delimitada. Según Carrillo Arenas, los recursos están sujetos a estrictos controles y su destinación es exclusiva para las comunidades afectadas. Cualquier desviación con fines proselitistas no solo vulnera la ética pública, sino que podría constituir un delito.
El señalamiento se produce en un contexto sensible: varias regiones del país enfrentan afectaciones por lluvias, inundaciones y otros fenómenos naturales que han puesto a prueba la capacidad logística y administrativa de los gobiernos locales. En este panorama, la distribución de ayudas no puede convertirse en moneda de cambio electoral ni en instrumento de clientelismo.
Desde una perspectiva jurídica, el fraude a subvención implica obtener o destinar recursos públicos para fines distintos a los establecidos legalmente. Cuando se trata de ayudas humanitarias, la gravedad se multiplica: no se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de una acción que puede dejar sin respaldo a personas en situación de extrema vulnerabilidad. En otras palabras, cada ayuda desviada no es solo un recurso mal utilizado; es una familia que podría quedar desprotegida.
La postura de la UNGRD marca un precedente importante en la discusión sobre transparencia en tiempos de crisis. Históricamente, los periodos de emergencia han sido terreno fértil para irregularidades, precisamente porque la urgencia exige decisiones rápidas y flexibilización de trámites. Sin embargo, la rapidez no puede convertirse en excusa para la opacidad.
El enfoque anunciado por la entidad busca reforzar tres principios fundamentales: transparencia, equidad y enfoque social. Transparencia para que los recursos puedan ser auditados; equidad para que la ayuda llegue sin discriminación política; y enfoque social para priorizar a quienes realmente lo necesitan. Estos criterios, si se aplican con rigor, pueden blindar la gestión del riesgo frente a tentaciones partidistas.
La advertencia también envía un mensaje político claro: las emergencias no son vitrinas electorales. En un país donde los ciclos de campaña suelen coincidir con crisis climáticas recurrentes, la institucionalidad debe demostrar que la ayuda humanitaria es un derecho de las víctimas, no un favor de los gobernantes.
Más allá del tono firme, el pronunciamiento plantea un reto: fortalecer los mecanismos de control y veeduría ciudadana. La vigilancia no puede recaer únicamente en los entes de control; la sociedad civil, los medios de comunicación y las comunidades beneficiarias también juegan un papel clave en la supervisión del uso de los recursos.
En tiempos de desastre, la confianza institucional es tan valiosa como los insumos que se distribuyen. Si las ayudas se administran con transparencia, no solo se mitiga el impacto de la emergencia, sino que se fortalece la legitimidad del Estado. Si, por el contrario, se instrumentalizan con fines políticos, el daño trasciende lo material y erosiona la credibilidad pública.
La advertencia de la UNGRD es, en esencia, un llamado a la ética en medio de la adversidad. Porque cuando la tragedia golpea, lo mínimo que esperan las comunidades es que la solidaridad institucional no tenga colores partidistas ni cálculos electorales, sino un único propósito: proteger la vida y la dignidad de quienes más lo necesitan.
#CANAL CORDOBA
