Vivienda social sin el ancla del salario mínimo: el giro del Gobierno que busca proteger el acceso, pero abre nuevos retos
La decisión del Gobierno Nacional de desindexar las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) del salario mínimo marca un punto de inflexión en la política habitacional del país. La medida, que será adoptada por decreto, surge como respuesta directa al fuerte incremento del salario mínimo para 2026 y al riesgo de que ese aumento se trasladara automáticamente al precio máximo de la vivienda social, encareciendo aún más el sueño de casa propia para miles de familias de bajos ingresos.
Durante años, el salario mínimo ha funcionado como una referencia casi automática para fijar los topes de precio de las VIS y las VIP. Este mecanismo, aunque sencillo y predecible, ha demostrado ser vulnerable en contextos de incrementos salariales altos, pues convierte una política de protección al ingreso en un factor de presión sobre el mercado de vivienda. En otras palabras, lo que se gana por un lado —mayor salario— se puede perder por otro —viviendas más costosas—, generando un efecto contradictorio para los hogares más vulnerables.
Desde la óptica del Ejecutivo, la desindexación busca romper esa cadena. El argumento central es claro: el aumento del salario mínimo no puede convertirse en un incentivo indirecto para la especulación ni en una barrera adicional de acceso a la vivienda social. Al desligar los topes de precio del mínimo legal, el Gobierno pretende dar mayor estabilidad a los valores de las VIS y las VIP y evitar que suban de manera automática, sin relación directa con la capacidad real de compra de las familias.
Sin embargo, esta decisión no está exenta de interrogantes. En el sector constructor, algunos actores advierten que el salario mínimo no solo ha sido una referencia para los precios finales, sino también un indicador que dialoga con los costos laborales y de producción. Al eliminar ese vínculo, el desafío será definir nuevos criterios técnicos que permitan actualizar los precios máximos sin afectar la viabilidad financiera de los proyectos ni frenar la oferta de vivienda social, que ya enfrenta dificultades por el encarecimiento de insumos y las tasas de interés.
Desde una perspectiva periodística, la desindexación revela una tensión de fondo en la política pública: cómo equilibrar la protección social con la sostenibilidad económica de los sectores que materializan esa política. El riesgo de la medida no está en su intención, sino en su ejecución. Si los nuevos mecanismos de ajuste no son claros, transparentes y técnicamente sólidos, el remedio podría derivar en incertidumbre regulatoria o en un freno involuntario a la construcción de vivienda social.
Para las familias, el mensaje es ambiguo pero relevante. Por un lado, la desindexación ofrece un alivio inmediato frente a la posibilidad de que las VIS y las VIP se encarezcan al mismo ritmo del salario mínimo. Por otro, queda abierta la pregunta sobre cómo evolucionarán los precios en el mediano plazo y si los subsidios, créditos y programas estatales se ajustarán de manera coherente a esta nueva realidad normativa.
En el fondo, la medida evidencia un reconocimiento implícito del Gobierno: el salario mínimo no puede seguir siendo el eje sobre el cual se indexan múltiples bienes y servicios esenciales, porque su aumento, aunque necesario, genera distorsiones cuando se traslada mecánicamente a otros sectores. La vivienda social es apenas uno de los frentes donde esta discusión empieza a materializarse.
La desindexación de las VIS y las VIP, entonces, no es solo una decisión técnica; es una señal política. Marca la intención de separar la política salarial de la política de precios en sectores estratégicos y obliga a replantear cómo se mide y protege realmente el acceso a derechos básicos como la vivienda. El verdadero impacto de este giro se verá en 2026, cuando el mercado y las familias comiencen a sentir si esta medida logró su objetivo central: que el aumento del salario no se diluya, otra vez, en el costo de vivir.
#CANAL CORDOBA
