Electrificar el volante: la apuesta de Petro que promete aire limpio, pero exige una transición justa para los taxistas
El anuncio del Gobierno nacional de incentivar a los taxistas para que migren hacia vehículos eléctricos abre un nuevo capítulo en el debate sobre la movilidad sostenible en Colombia. La propuesta, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca acelerar la transición energética en uno de los sectores más visibles del transporte urbano. Sin embargo, más allá del discurso ambiental, la iniciativa plantea interrogantes profundos sobre su viabilidad, su impacto económico y la forma en que afectará a miles de conductores que dependen diariamente de su vehículo como única fuente de sustento.
La electromovilidad es, sin duda, una necesidad frente a los crecientes niveles de contaminación del aire en las principales ciudades del país. Los taxis, por su circulación constante, representan una porción significativa de las emisiones urbanas, por lo que su transformación tendría un impacto ambiental inmediato. Desde esta perspectiva, el plan del Gobierno se alinea con las tendencias globales y con los compromisos internacionales de reducción de gases contaminantes. No obstante, una política pública no puede medirse solo por su intención, sino por su capacidad real de ejecución.
El principal punto de debate se centra en el costo de la transición. Aunque el incentivo económico anunciado representa un alivio importante, el precio de los vehículos eléctricos sigue siendo elevado frente a los ingresos promedio de un taxista. A esto se suman gastos asociados como seguros, mantenimiento especializado y adaptación a una tecnología que todavía genera incertidumbre entre los conductores. Sin un acompañamiento financiero sólido y condiciones crediticias favorables, el riesgo es que el beneficio termine siendo aprovechado por unos pocos, dejando por fuera a quienes más lo necesitan.
Otro aspecto clave es la infraestructura. La falta de una red suficiente de estaciones de carga eléctrica en muchas ciudades podría convertir la promesa de eficiencia en una fuente de estrés operativo. Un taxi que no puede recargarse con facilidad pierde tiempo, ingresos y competitividad. Por ello, la transición hacia el transporte eléctrico no puede recaer únicamente sobre los conductores; debe estar respaldada por inversiones paralelas en infraestructura, planeación urbana y coordinación con autoridades locales.
Desde el punto de vista social, la medida también pone sobre la mesa la necesidad de una transición justa. Los taxistas han sido históricamente un gremio sensible a los cambios normativos, y cualquier transformación impuesta sin concertación puede generar resistencia y conflicto. Escuchar al sector, garantizar capacitación técnica y ofrecer garantías laborales será fundamental para que la electrificación no se perciba como una imposición, sino como una oportunidad de mejora en la calidad de vida y en las condiciones de trabajo.
En el fondo, el plan de taxis eléctricos refleja un desafío mayor: cómo armonizar la urgencia ambiental con la realidad económica de los trabajadores. Si se ejecuta de manera integral, con apoyo financiero, infraestructura adecuada y diálogo permanente, la iniciativa puede convertirse en un ejemplo de política pública transformadora. Pero si se queda solo en el incentivo económico y el anuncio político, corre el riesgo de profundizar brechas y generar frustración en un sector clave para la movilidad urbana.
La transición energética no se logra únicamente cambiando motores, sino construyendo confianza. Electrificar el volante implica pensar en el futuro del país, pero también en el presente de quienes recorren sus calles todos los días para ganarse la vida.
#CANAL CORDOBA
