Arroceros convocan paro nacional con bloqueos para exigir precio justo y soluciones estructurales al Gobierno
El anuncio de un nuevo paro nacional por parte del gremio arrocero vuelve a poner sobre la mesa una de las crisis más persistentes del sector agropecuario colombiano: la inestabilidad en los precios y la falta de garantías para la sostenibilidad productiva. La movilización, prevista para el lunes 2 de marzo y promovida por el movimiento Dignidad Arrocera, incluirá bloqueos de vías y protestas en al menos 202 municipios, con especial protagonismo del departamento del Tolima, una de las principales despensas arroceras del país.
La decisión, adoptada tras una reunión del comité nacional del paro realizada el 21 de febrero, refleja el profundo malestar que atraviesan miles de productores. Según voceros del sector, cerca del 70 % del área arrocera nacional permanece sin sembrar, una cifra que evidencia no solo la magnitud de la crisis, sino también la incertidumbre que domina el panorama rural. Para los agricultores, sembrar en las actuales condiciones de mercado representa un riesgo financiero difícil de asumir, ante un precio del arroz paddy verde que —aseguran— no cubre los costos de producción.
El denominado “día de la dignidad arrocera” busca visibilizar una problemática que, según los líderes del movimiento, se ha prolongado durante todo 2025 sin soluciones estructurales. Aunque el Gobierno ha adelantado mesas de trabajo con distintos actores de la cadena productiva, incluyendo a la Federación Nacional de Arroceros, los productores consideran que los acuerdos alcanzados favorecen principalmente a los molineros e industriales, dejando en desventaja al agricultor que asume los riesgos climáticos, financieros y logísticos del cultivo.
Más allá de la coyuntura, el paro evidencia tensiones históricas en la estructura del mercado arrocero colombiano. La fijación de precios, los costos de insumos, el acceso al crédito y la competencia con el arroz importado son factores que, combinados, presionan la rentabilidad del productor primario. En regiones como el Tolima, donde la economía local depende en buena medida del arroz, la reducción en las siembras impacta no solo a los agricultores, sino también al empleo rural, al comercio y a la estabilidad social.
Si bien los voceros han aclarado que no buscan afectar a otros sectores económicos, el anuncio de bloqueos en carreteras principales anticipa un escenario de tensión vial y posibles afectaciones al transporte de carga y pasajeros. La duración del paro, además, dependerá de la respuesta del Ejecutivo, lo que deja abierta la posibilidad de que las protestas se prolonguen si no se anuncian medidas concretas.
El reto para el Gobierno Nacional no es menor. Atender la demanda de un precio justo implica equilibrar los intereses de productores, industriales y consumidores, en un contexto de inflación y restricciones fiscales. Sin embargo, ignorar la advertencia del gremio podría profundizar la crisis productiva y agravar el descontento en el campo, un sector que históricamente ha reclamado mayor respaldo estatal.
En definitiva, el paro arrocero no solo es una protesta por el precio de una carga, sino una manifestación de la fragilidad estructural del agro colombiano. Lo que está en juego no es únicamente la rentabilidad de una cosecha, sino la viabilidad de una actividad que sostiene a cientos de municipios y que forma parte esencial de la seguridad alimentaria del país.
#CANAL CORDOBA
