Banca propone alternativa a inversiones forzosas y advierte riesgos sobre tasas de interés
El debate sobre las inversiones forzosas al sistema financiero abrió un nuevo capítulo tras la confirmación de una contrapropuesta presentada por la banca al Gobierno Nacional. Así lo anunció Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, luego de una reunión en la que el sector reiteró su desacuerdo con la eventual imposición de esta medida y defendió la necesidad de preservar las reglas del mercado crediticio.
Las inversiones forzosas, mecanismo mediante el cual el Estado podría obligar a las entidades financieras a destinar recursos a sectores o regiones específicas, han sido planteadas como una herramienta para dinamizar el crédito en áreas estratégicas o afectadas por emergencias. Sin embargo, desde la banca se advierte que esta figura podría generar distorsiones en el sistema, impactar la estructura de tasas de interés y alterar el equilibrio financiero que hoy rige la asignación de recursos.
Malagón sostuvo que durante el encuentro los banqueros expusieron cifras que, según su análisis, demuestran la efectividad del denominado “pacto por el crédito”, un esquema concertado que ha buscado ampliar la colocación sin necesidad de imponer obligaciones regulatorias adicionales. Para el gremio, el modelo basado en incentivos y coordinación voluntaria resulta más eficiente que una intervención directa que, además, tardaría cerca de 18 meses en implementarse y generar los primeros desembolsos.
El argumento central del sector financiero gira en torno al costo del dinero. Obligar a las entidades a canalizar recursos bajo directrices específicas podría incrementar el riesgo sistémico y, en consecuencia, reflejarse en mayores tasas de interés para empresas y hogares. En un contexto económico aún marcado por la desaceleración y por desafíos fiscales, un aumento en el costo del crédito podría afectar la inversión privada y el consumo.
Frente a este panorama, la banca propuso una alternativa que —según explicó su vocero— busca ofrecer soluciones inmediatas, especialmente para las regiones golpeadas por emergencias naturales. El paquete incluiría alivios a la cartera vigente, nuevos créditos productivos y mecanismos de rápida ejecución que respeten la lógica de mercado. Aunque los detalles no fueron revelados para no interferir en la negociación, el mensaje es claro: el sector apuesta por medidas ágiles y concertadas antes que por obligaciones regulatorias de largo trámite.
Ambas partes acordaron mantener conversaciones durante la semana con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio. El pulso entre regulación e iniciativa privada no es nuevo en la historia financiera del país, pero adquiere relevancia en momentos en que el acceso al crédito se considera un motor clave para la reactivación económica y la recuperación regional.
El desenlace de esta discusión será determinante para el rumbo del sistema financiero colombiano. Más allá de la figura específica que se adopte, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cómo ampliar el crédito y garantizar inclusión financiera sin comprometer la estabilidad del mercado? La respuesta exigirá no solo acuerdos técnicos, sino también confianza mutua entre el Gobierno y el sector bancario, en un escenario donde la rapidez y la efectividad son tan relevantes como la sostenibilidad de largo plazo.
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