Congreso debate prohibición total de perros en vigilancia privada: ¿protección animal o golpe al sector de seguridad?
Un nuevo pulso legislativo comienza en el Congreso de la República tras la radicación de un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada en el país. La iniciativa surge en medio de denuncias por presunto maltrato animal y cuestionamientos sobre la efectividad de la regulación vigente, especialmente después de la entrada en vigor de la llamada “Ley Lorenzo”.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, luego de implementarse la Ley 2454 de 2025 el uso de caninos en actividades de seguridad privada aumentó en un 375,9 %. Para los promotores del nuevo proyecto, este incremento demuestra que la norma, en lugar de reducir la práctica, terminó impulsando su expansión.
La propuesta fue presentada por la senadora Esmeralda Hernández, con el respaldo de organizaciones defensoras de los derechos de los animales como Plataforma ALTO. La congresista ha sostenido que los perros “no son herramientas de trabajo” y que el Estado debe avanzar hacia un modelo en el que ningún animal sea expuesto a condiciones que puedan derivar en explotación o maltrato.
El debate, sin embargo, no es sencillo ni unidireccional. Por un lado, los sectores animalistas argumentan que, pese a la regulación existente, continúan presentándose denuncias sobre jornadas extensas, falta de descanso adecuado, condiciones de encierro y deficiencias en la atención veterinaria. Desde esta perspectiva, la única garantía real de bienestar sería la eliminación total de esta modalidad de vigilancia.
Por otro lado, representantes del sector de la seguridad privada advierten que los perros entrenados cumplen funciones específicas que difícilmente pueden ser reemplazadas de manera inmediata por tecnología o personal humano, especialmente en tareas de disuasión y detección. Además, señalan que la prohibición podría impactar a empresas formalmente constituidas que cumplen protocolos de manejo y bienestar animal, así como a entrenadores y cuidadores especializados.
El incremento del 375,9 % tras la Ley 2454 abre interrogantes clave: ¿se trató de un efecto no previsto de la regulación? ¿La norma incentivó la formalización de servicios que antes operaban en la informalidad, reflejándose ahora en cifras oficiales más altas? ¿O realmente falló el objetivo de reducir el uso de caninos en estas labores? Estas preguntas deberán ser abordadas con rigor técnico durante el trámite legislativo.
El proyecto ahora inicia su recorrido en comisiones y plenarias, donde se discutirá no solo la viabilidad jurídica de una prohibición total, sino también sus efectos económicos, laborales y operativos. La decisión final marcará un precedente importante en materia de derechos animales y redefinirá el alcance de la vigilancia privada en Colombia.
Más allá de la polarización, el Congreso enfrenta un desafío de fondo: encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de los animales y la realidad operativa de un sector que presta servicios en entornos de alto riesgo. La discusión no solo será jurídica, sino ética y económica. El resultado determinará si el país opta por reforzar controles y estándares de bienestar o por cerrar definitivamente la puerta al uso de perros en esquemas de seguridad privada.
#CANAL CORDOBA
