Empresarios de Colombia y Ecuador alertan por guerra arancelaria que amenaza US$2.800 millones en comercio y miles de empleos
Un llamado urgente lanzaron los principales gremios empresariales de Colombia y Ecuador para frenar la escalada de medidas comerciales y arancelarias que hoy pone en riesgo una de las relaciones económicas más sólidas de la región andina. La advertencia no es menor: el intercambio bilateral, que bordea los 2.800 millones de dólares anuales, podría sufrir un impacto profundo si no se restablece el diálogo entre ambos gobiernos.
El pronunciamiento fue encabezado en Colombia por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, junto con otros gremios exportadores. Desde el sector privado insisten en que las recientes decisiones arancelarias han generado una caída significativa en el comercio terrestre, encareciendo insumos y productos finales tanto para empresas como para consumidores.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, recordó que la relación comercial entre ambos países no solo es histórica, sino estratégica. Más de 2.700 empresas colombianas exportan a Ecuador y cerca de 2.800 importan desde ese país, lo que significa que más de 5.500 compañías dependen directamente de esta integración productiva. En muchos casos, más del 70 % de las exportaciones de ciertas empresas tienen como destino el mercado ecuatoriano, lo que evidencia un alto nivel de dependencia.
El impacto, según los empresarios, ya es visible. Sectores como agroindustria, alimentos, manufacturas y logística reportan disminuciones en el flujo de mercancías que superan el 70 % en algunos rubros. Esto no solo implica pérdidas económicas millonarias por mes, sino también la amenaza directa sobre miles —incluso centenares de miles— de empleos formales que dependen del dinamismo fronterizo.
Desde el sector exportador, la Asociación Nacional de Comercio Exterior propuso levantar las sobretasas y crear una mesa de diálogo bilateral que permita abordar las preocupaciones de seguridad sin sacrificar el comercio formal. Los gremios coinciden en que cerrar o restringir los canales legales solo incentiva el contrabando y la informalidad, afectando particularmente a las economías de frontera.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas el panorama es aún más complejo. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, advirtió que la Mipyme es la más golpeada por las medidas arancelarias, dado que no cuenta con la capacidad financiera ni logística de las grandes compañías para redireccionar mercados o absorber sobrecostos. En un entorno de márgenes reducidos, cualquier incremento arancelario puede significar la pérdida de competitividad o incluso el cierre de operaciones.
El trasfondo del conflicto se origina en decisiones adoptadas por ambos gobiernos que, aunque puedan responder a coyunturas internas, terminan afectando una estructura productiva profundamente integrada. La interdependencia comercial entre Colombia y Ecuador no se limita a productos terminados; incluye cadenas de suministro compartidas, insumos intermedios y procesos industriales que cruzan la frontera varias veces antes de llegar al consumidor final.
Más allá de las cifras, el mensaje empresarial apunta a una reflexión estratégica: en un contexto global marcado por desaceleración económica y tensiones geopolíticas, la región andina no puede darse el lujo de debilitar sus propios lazos comerciales. La estabilidad jurídica y la previsibilidad arancelaria son condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y la competitividad.
El llamado ahora es a que ambos gobiernos retomen el diálogo y prioricen soluciones diplomáticas y técnicas que permitan proteger la seguridad sin comprometer el comercio formal. De no lograrse un acuerdo, el costo no solo se medirá en dólares, sino en oportunidades perdidas para miles de trabajadores y empresas que hoy dependen de una frontera abierta y productiva.
#CANAL CORDOBA
