Contraloría prende las alarmas por lenta atención a damnificados en Córdoba y advierte riesgos sanitarios y ambientales
La emergencia invernal que golpea al departamento de Córdoba sigue dejando al descubierto falencias en la capacidad de respuesta del Estado. Esta vez fue la Contraloría General de la República la que lanzó una advertencia contundente al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al urgirlos a acelerar la entrega de ayudas humanitarias a más de 255 mil personas afectadas por las inundaciones.
El pronunciamiento del ente de control no solo pone el foco en la lentitud de la atención institucional, sino que eleva el tono al alertar sobre posibles consecuencias sanitarias y ambientales si no se adoptan medidas inmediatas y técnicamente sustentadas. Tras realizar visitas técnicas a municipios como Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría evidenció extensas zonas con aguas estancadas, una condición que, de prolongarse, podría convertirse en un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas, vectores y crisis de salud pública.
La situación es especialmente crítica si se tiene en cuenta la magnitud del impacto: más de 81 mil familias afectadas en 25 municipios, una cifra que refleja no solo la severidad del fenómeno climático, sino también la vulnerabilidad estructural de amplios sectores del departamento frente a eventos extremos. Para la Contraloría, esta realidad exige una respuesta estatal no solo rápida, sino coordinada, transparente y basada en criterios técnicos.
Uno de los puntos más sensibles del llamado de atención tiene que ver con versiones sobre la posible eliminación de diques y compuertas en zonas inundadas. El ente de control fue enfático en advertir que cualquier decisión de este tipo, tomada sin estudios hidráulicos previos ni licencias ambientales, podría agravar la emergencia y generar daños irreversibles en comunidades y ecosistemas. Más que una solución improvisada, una intervención de esa naturaleza podría traducirse en nuevas inundaciones, pérdida de cultivos y mayor afectación a viviendas e infraestructura.
En su comunicado, la Contraloría subrayó que mantiene un seguimiento especial a los recursos destinados para atender la calamidad, recordando que cada peso recaudado debe invertirse exclusivamente en la atención de los damnificados. El mensaje no es menor: en medio de una crisis humanitaria, la eficiencia en el gasto público y la transparencia se convierten en pilares para sostener la confianza ciudadana y evitar que la tragedia se agrave por fallas administrativas.
El llamado del ente de control también deja en evidencia un problema recurrente en la gestión de desastres en Colombia: la distancia entre la declaratoria de emergencia y la llegada efectiva de las ayudas a las comunidades. Mientras las lluvias ceden lentamente, miles de familias siguen esperando alimentos, asistencia sanitaria y soluciones de fondo que les permitan recuperar sus medios de vida.
Más allá del impacto inmediato, la situación en Córdoba vuelve a plantear un debate de fondo sobre la planificación territorial, el manejo de cuerpos de agua y la prevención del riesgo. Las inundaciones no son un fenómeno nuevo en la región, pero la reiteración de emergencias similares sugiere que las respuestas siguen siendo, en gran medida, reactivas y no estructurales.
En ese contexto, la advertencia de la Contraloría no solo es un llamado de urgencia, sino una alerta institucional sobre la necesidad de actuar con rigor técnico, responsabilidad ambiental y sentido humano. La rapidez en la entrega de ayudas, el manejo adecuado de las aguas y el respeto por los estudios especializados no son opciones: son condiciones mínimas para evitar que la emergencia en Córdoba se convierta en una crisis aún mayor.
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